La Revolución Ciudadana ha tomado la iniciativa de solicitar un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, así como contra cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Este movimiento se produce en un contexto de creciente tensión política y acusaciones de corrupción que han sacudido al país. La solicitud formal se presentará el 29 de diciembre de 2025, y se espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) evalúe el trámite una vez que se reanuden las actividades legislativas en enero de 2026.
### Acusaciones y Contexto Político
Mario Godoy ha sido señalado por su posible implicación en un escándalo de corrupción que involucra al juez anticorrupción Carlos Serrano. Este juez ha denunciado haber recibido presiones de un funcionario cercano a Godoy para favorecer a un narcotraficante. Las acusaciones han generado un clima de desconfianza hacia la administración de justicia en el país, y han llevado a la Revolución Ciudadana a actuar con rapidez para intentar destituir a Godoy y a los vocales del Cpccs.
La asambleísta Viviana Veloz, representante de la Revolución Ciudadana, ha declarado que el pedido de juicio político será presentado con el respaldo de su bancada, pero también están abiertos a que otros legisladores de diferentes fuerzas políticas se sumen a la causa. Esto refleja una estrategia de coalición que busca ampliar el apoyo en la Asamblea Nacional, donde se requieren 77 votos para destituir a los vocales del Cpccs y 101 votos para censurar a Godoy.
El proceso de juicio político se iniciará formalmente después del receso legislativo, que comenzó el 22 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero. Durante este tiempo, el CAL, que está dominado por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), deberá calificar el pedido y decidir si procede a enviarlo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este paso es crucial, ya que la Comisión también está bajo el control del oficialismo, lo que podría complicar el avance del juicio político.
### Implicaciones para el Sistema Judicial
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la independencia del sistema judicial en Ecuador. Las acusaciones de corrupción y las presiones políticas sobre los jueces han llevado a un ambiente de inseguridad y desconfianza en la administración de justicia. Jueces anticorrupción han expresado su preocupación por la falta de garantías de seguridad, lo que podría afectar su capacidad para actuar de manera imparcial y efectiva.
La Revolución Ciudadana ha utilizado este escándalo como una plataforma para criticar la gestión del gobierno actual y para llamar la atención sobre la necesidad de una reforma en el sistema judicial. La falta de transparencia y la corrupción han sido temas recurrentes en el discurso político, y este juicio político podría ser visto como un intento de restaurar la confianza pública en las instituciones.
Además, la respuesta del gobierno y de las fuerzas políticas en la Asamblea será crucial para determinar el futuro de la justicia en Ecuador. Si el juicio político avanza y se logra destituir a Godoy y a los vocales del Cpccs, podría abrir la puerta a una reestructuración del Consejo de la Judicatura y a una revisión de las políticas de nombramiento y supervisión de jueces y fiscales.
Por otro lado, si el juicio político no prospera, podría consolidar la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la gobernabilidad y la estabilidad política en el país. La situación es un reflejo de las luchas de poder que caracterizan la política ecuatoriana, donde las acusaciones de corrupción son a menudo utilizadas como herramientas en la batalla política.
En resumen, el pedido de juicio político contra Mario Godoy y los vocales del Cpccs no solo es un evento significativo en el ámbito político, sino que también tiene profundas implicaciones para el sistema judicial y la confianza pública en las instituciones. La forma en que se desarrolle este proceso en los próximos meses será observada de cerca tanto por los ciudadanos como por los analistas políticos, ya que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Ecuador.
