En Guayaquil, la situación del transporte formal se ha vuelto insostenible, con más de 20,000 vehículos informales operando sin regulación. Esta crisis ha llevado a los transportistas a alzar la voz, denunciando no solo la competencia desleal que enfrentan, sino también presiones y cobros irregulares por parte de agentes de tránsito. La Federación Provincial de Transportadores Urbanos del Guayas ha sido clara al afirmar que la falta de control por parte de las autoridades está empujando a muchos conductores a la quiebra.
### La Realidad del Transporte Informal
Los dirigentes del transporte formal han señalado que la informalidad ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Ricardo Onofre, un líder del sector, ha indicado que la cantidad de vehículos legales ha disminuido drásticamente, pasando de 2,800 a cerca de 2,200 unidades. Esta caída se atribuye a la presión económica, la extorsión y los constantes operativos que, según ellos, se enfocan en los transportistas que cumplen con la normativa, mientras que los vehículos informales operan sin restricciones.
«Nos matan si hablamos», es una frase que resuena entre los transportistas, quienes sienten que su situación es ignorada por las autoridades. La falta de controles efectivos ha permitido que tricimotos y furgonetas no autorizadas transporten estudiantes, poniendo en riesgo la seguridad de los niños. Oswaldo Guamán, de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional del Guayas, ha expresado su preocupación por esta situación, señalando que mientras a los transportistas formales se les exige cumplir con normativas, los informales operan sin sanciones.
La competencia desleal que enfrentan los transportistas formales es evidente. En Guayaquil, se estima que hay alrededor de 15,000 taxistas formales, muchos de los cuales están al borde de la quiebra debido a los altos costos de operativos y multas. Jorge Gómez, dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Guayas, ha denunciado que los costos de los operativos pueden superar los 300 dólares, mientras que los vehículos informales continúan operando sin problemas.
### Extorsión y Falta de Respuesta Institucional
La situación se complica aún más con las denuncias de extorsión que los transportistas formales enfrentan. No solo se trata de estructuras delictivas externas, sino también de presiones ejercidas por agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Los transportistas han señalado que durante los operativos, se les solicita información financiera y transferencias bancarias para evitar la retención de sus vehículos. Esta práctica ha sido calificada como una forma de extorsión institucional.
Oswaldo Guamán ha declarado que estas acciones son inaceptables, ya que los agentes de tránsito no deberían estar pidiendo información financiera. La extorsión ha pasado de ser una coima directa a un proceso más sutil, donde se utilizan números de cuentas bancarias para presionar a los transportistas. Esta situación ha llevado a muchos a sentirse desamparados y sin opciones para defender sus derechos.
Los transportistas han intentado comunicarse con las autoridades, enviando múltiples oficios solicitando audiencias formales, pero hasta ahora no han recibido respuestas concretas. La falta de atención por parte de la ATM ha intensificado la frustración en el sector, que se siente cada vez más marginado.
Ante esta crisis, los gremios de transporte han decidido actuar. Han convocado a un plantón en las afueras de la ATM para exigir controles efectivos a la informalidad y el cese de operativos selectivos contra el transporte legal. Ricardo Onofre ha enfatizado que no hay otro camino que exigir sus derechos, ya que sienten que están desapareciendo y que no hay quien busque una solución a sus problemas.
La situación del transporte formal en Guayaquil es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a la ciudad. La normalización de la ilegalidad y la falta de respuesta institucional han llevado a un punto crítico donde los transportistas se ven obligados a luchar por su supervivencia. La comunidad guayaquileña depende de un transporte seguro y regulado, y es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para restaurar el orden y la legalidad en este sector.
