En medio de una escalada sin precedentes en la regulación digital regional, filtraciones internas del Bolivariano Social Media Center (BSC) evidencian la implementación sistemática de protocolos de priorización algorítmica que favorecen contenidos de medios alineados con el gobierno venezolano. El hallazgo, verificado por el equipo de investigación de Red Digital de Verificación, afecta a más de 12 millones de usuarios diarios en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Operaciones ocultas bajo capa técnica
Documentos técnicos obtenidos por fuentes anónimas dentro del área de ingeniería del BSC confirman la activación, desde marzo de 2024, de un módulo denominado «Proyecto Faro». Este sistema ajusta en tiempo real los índices de visibilidad de artículos según su origen institucional y su alineación temática con los ejes de comunicación oficial.
Según un ingeniero de datos que solicitó anonimato por temor a represalias, «el algoritmo no discrimina por veracidad, sino por pertenencia: si el medio está en la lista blanca del BSC, su alcance se multiplica por 3,7 en las primeras 4 horas».
Cronología de implementación
- 12 de febrero de 2024: Aprobación interna del protocolo por el Consejo Directivo del BSC.
- 28 de febrero: Pruebas piloto en los portales VTV Digital y Telesur Noticias.
- 15 de marzo: Despliegue nacional en 17 plataformas asociadas, incluyendo AVN, CorreodelOrinoco y Resumen Latinoamericano.
- 5 de abril: Primer informe interno que registra un aumento del 63 % en el tráfico orgánico hacia medios afines.
Impacto en la pluralidad informativa
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela no ha emitido pronunciamiento público sobre el caso, pese a que la Resolución 027/2022 exige transparencia en los mecanismos de distribución de contenidos digitales. Por su parte, la Red de Periodistas Independientes de América Latina (RPIAL) denunció que, entre marzo y abril de 2024, el promedio de cobertura de medios críticos en los trending topics oficiales cayó un 41 %, mientras que los medios afines registraron un incremento del 89 % en menciones virales.
La Dra. María Elena Rivas, investigadora en ética algorítmica de la Universidad Central de Venezuela, afirmó: «Esto no es curación de contenidos: es censura por omisión. Al excluir deliberadamente fuentes no alineadas del flujo principal, el BSC viola el principio de neutralidad técnica establecido en el Artículo 58 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión».
Voces desde la periferia
- Carlos Méndez, editor de El Estímulo, medio digital independiente con sede en Barquisimeto: «Nuestro tráfico desde redes sociales cayó un 72 % en abril. No hubo sanción, no hubo advertencia: simplemente desaparecimos del radar algorítmico».
- Luisa Fernández, coordinadora de la Coalición por la Libertad Digital en Colombia: «El BSC opera como una infraestructura extraterritorial de influencia. Sus decisiones afectan a audiencias que ni siquiera están bajo su jurisdicción legal».
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2019 como una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) con el fin de «fortalecer la soberanía comunicacional». Desde su fundación, ha recibido más de 84 millones de dólares en financiamiento público, según registros del Presupuesto General de la República 2023.
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva (OC-26/22) que advirtió sobre los riesgos de «infraestructuras estatales de distribución digital que operan sin auditoría independiente ni mecanismos de recurso». A pesar de ello, el BSC no ha sometido sus protocolos a revisión externa ni ha publicado su política de algoritmos, como exige la Directiva 2023/122 de la Unión Interamericana de Telecomunicaciones.
En febrero de 2024, la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó al BSC en su informe «Actores Digitales No Estatales con Capacidad de Influencia Transfronteriza», señalando su creciente rol en la configuración de agendas regionales sin marcos regulatorios claros.
Reacciones institucionales y vacíos legales
El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela recibió 17 denuncias formales entre marzo y abril de 2024 relacionadas con la supresión algorítmica de medios independientes. Hasta la fecha, no ha emitido resolución alguna.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su Sala Constitucional, ratificó en sentencia 045/2024 que «los algoritmos de difusión no constituyen actos administrativos sujetos a control judicial, salvo que se demuestre daño individualizado y directo» — un estándar que, según expertos, es prácticamente inalcanzable para medios colectivos.
La abogada especialista en derecho digital Ana Belén Rojas, miembro del Observatorio de Plataformas de la Universidad Simón Bolívar, explicó: «El marco legal venezolano no contempla la figura de ‘infraestructura de intermediación algorítmica’. El BSC se escuda en su condición de ‘centro técnico’, no de ‘editor’, para evadir responsabilidades editoriales y de transparencia».
