La reciente decisión del Municipio de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, ha generado un intenso debate en la comunidad y en el ámbito político local. La aprobación de la venta directa de 93 hectáreas de terreno municipal a una joven de 24 años ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad del proceso. El terreno, ubicado en el sector Velasco Ibarra, fue vendido por aproximadamente USD 2,7 millones, lo que equivale a un precio de USD 2,94 por metro cuadrado, un valor que muchos consideran por debajo del mercado.
La resolución fue adoptada el 18 de diciembre de 2025, con una votación dividida en el Concejo Cantonal: cuatro concejales a favor y tres en contra. La ubicación del terreno, que colinda con una represa y está a solo 6,5 kilómetros del centro de La Libertad, lo convierte en un punto estratégico para el desarrollo urbano y turístico del cantón. Sin embargo, el terreno actualmente presenta maleza, desniveles y carece de servicios básicos, lo que plantea interrogantes sobre su valor real.
### Un Precio Cuestionado y una Ordenanza Reformada
El precio fijado para la venta ha sido uno de los principales puntos de conflicto. Los concejales que se opusieron a la venta argumentan que el valor por metro cuadrado está muy por debajo de lo que se maneja en el mercado inmobiliario local. Según sus estimaciones, en áreas cercanas el precio del metro cuadrado supera los USD 8, y en la vía perimetral puede alcanzar hasta USD 9. Este hecho ha llevado a cuestionar la decisión de realizar la venta de manera directa, en lugar de optar por una subasta pública, que podría haber garantizado un proceso más transparente y beneficioso para el municipio.
Bruno Dedé, uno de los concejales opositores, ha expresado su preocupación sobre el impacto de esta decisión, señalando que la venta a un precio tan bajo sienta un precedente negativo para futuras transacciones de terrenos municipales. «Aprobaron vender 93 hectáreas a precio de regalo. Han sentado un precedente nefasto», afirmó Dedé, quien también ha criticado la falta de transparencia en el proceso.
### Dudas sobre la Compradora y el Origen de los Fondos
Otro aspecto que ha generado controversia es el perfil de la compradora, identificada como Jenny Ramírez. Según información proporcionada por el concejal Dedé, Ramírez no cuenta con registros fiscales ni empresariales que respalden su capacidad para realizar una transacción de tal magnitud. Esto ha llevado a cuestionar el origen de los fondos utilizados para adquirir el terreno, planteando la inquietud de si los USD 2,7 millones provienen de fuentes legítimas.
El concejal ha señalado que el proceso de venta se resolvió en un tiempo récord de cuatro meses, con informes favorables emitidos en apenas cinco semanas, un plazo que contrasta con la duración habitual de trámites similares. Esta rapidez ha alimentado las sospechas sobre la transparencia del proceso y la idoneidad de la compradora.
A pesar de las críticas, el alcalde Francisco Tamariz ha defendido la legalidad de la operación. En una reciente entrevista, argumentó que la normativa municipal no exige a los proponentes presentar un historial financiero y que el municipio no tiene la facultad de investigar la situación económica de los ciudadanos. Tamariz ha calificado el proyecto presentado por Ramírez como «la inversión más grande en los 32 años de cantonización de La Libertad», aunque no ha proporcionado detalles sobre la compradora ni su proyecto.
La falta de información sobre Jenny Ramírez ha llevado a la comunidad a cuestionar la legitimidad de la venta. Durante un recorrido por la parroquia de Ancón, donde está registrado su domicilio, los habitantes afirmaron no conocerla, lo que ha incrementado las dudas sobre su perfil y la naturaleza de la transacción.
El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones municipales y ha generado un llamado a la acción por parte de los ciudadanos y grupos políticos que exigen claridad en el manejo de los bienes públicos. La situación en La Libertad es un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de procesos claros y justos en la administración pública.
