En La Libertad, provincia de Santa Elena, se ha desatado una polémica en torno a la venta de 93 hectáreas de terreno municipal por un monto de USD 2,7 millones. La supuesta compradora, Jenny Ramírez, de 24 años, ha afirmado que su identidad fue suplantada y que no fue ella quien adquirió el terreno. Este caso ha generado un gran interés público y ha puesto en tela de juicio la transparencia de las transacciones municipales.
La venta, aprobada el 18 de diciembre de 2025, ha sido objeto de críticas debido a que el precio por metro cuadrado, fijado en USD 2,94, es considerablemente inferior al valor de mercado, que puede alcanzar hasta USD 9 en áreas cercanas. La situación se complica aún más con la declaración de Ramírez, quien asegura que sus documentos fueron robados y que ha denunciado el hecho. Sin embargo, no hay registro de ninguna denuncia formal en la Fiscalía que la involucre.
### La Reacción de las Autoridades y la Comunidad
La controversia ha llevado a que el concejal Bruno Dedé presente una alerta formal ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para investigar el origen de los fondos utilizados en la compra y posibles irregularidades en el proceso. Dedé ha señalado que la supuesta compradora no tiene Registro Único de Contribuyentes (RUC), no está afiliada al régimen RIMPE, y no presenta movimientos bancarios significativos, lo que despierta aún más sospechas sobre la legitimidad de la transacción.
El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, quien había afirmado haber mantenido diálogos con Ramírez sobre un proyecto agroturístico, ha guardado silencio desde finales de diciembre. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión y la validez de las negociaciones realizadas. La falta de respuesta del alcalde ha alimentado la desconfianza entre los ciudadanos, quienes exigen claridad sobre el destino de un terreno que consideran estratégico para el desarrollo urbano y turístico del cantón.
La situación se ha vuelto aún más compleja con la revelación de que Ramírez no se presentó ante el Concejo Cantonal, a diferencia de otros proponentes en procesos de menor escala. Esto ha llevado a muchos a preguntarse con quién se reunió realmente el alcalde y qué tipo de acuerdos se han establecido en la sombra.
### Implicaciones Legales y Futuras Investigaciones
La UAFE y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial han comenzado investigaciones de oficio para esclarecer la situación. El concejal Dedé ha manifestado su intención de presentar una denuncia formal en la Fiscalía, centrada en el avalúo subvalorado del terreno y las responsabilidades del alcalde como representante legal del municipio. Su objetivo es garantizar la transparencia en el proceso y que el terreno regrese al patrimonio municipal.
La comunidad de La Libertad se encuentra dividida. Algunos apoyan la inversión privada, pero muchos consideran que este terreno pertenece a la ciudad y no debe ser objeto de negociaciones oscuras. La falta de claridad en la transacción ha llevado a un clamor por una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.
Mientras tanto, la situación de Jenny Ramírez sigue siendo incierta. Su ausencia del trabajo en la cafetería donde laboraba ha generado especulaciones sobre su estado actual y su capacidad para enfrentar las acusaciones. La joven ha declarado que tiene abogados encargados de su defensa, pero la falta de pruebas concretas sobre su suplantación de identidad complica su situación.
Este caso no solo pone en evidencia las posibles irregularidades en la venta de terrenos municipales, sino que también refleja la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en las transacciones de bienes públicos. La comunidad espera que las investigaciones arrojen luz sobre este oscuro asunto y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
