El sistema portuario de Ecuador se encuentra en el centro de un intenso debate legal tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Contecon, la concesionaria del puerto estatal de Guayaquil. Esta acción judicial cuestiona la Ley de Puertos de 1976 y su reglamento de 2000, lo que podría tener repercusiones significativas en la gestión portuaria del país. La Corte Constitucional ha solicitado un pronunciamiento del Gobierno, la Asamblea y la Procuraduría General del Estado, lo que ha llevado a un intercambio de argumentos entre las partes involucradas.
El Gobierno ecuatoriano ha defendido la constitucionalidad del régimen portuario vigente, argumentando que la Constitución permite la participación de actores privados en la gestión de puertos bajo la regulación estatal. Según Stalin Andino González, secretario general jurídico de la Presidencia, la ley actual no impone un modelo de gestión específico, sino que permite al Estado definir cómo se puede involucrar al sector privado en la operación de puertos. Esta flexibilidad es vista como esencial para el desarrollo del sector, especialmente en un contexto donde la competencia y la eficiencia son cruciales.
Por otro lado, Contecon sostiene que la ley y su reglamento son obsoletos y no se han adaptado a las exigencias de la Constitución de 2008, lo que ha generado asimetrías en la regulación que afectan su competitividad. La empresa argumenta que, al operar bajo un régimen de autorizaciones administrativas, los terminales privados gozan de ventajas que distorsionan el mercado. En su demanda, Contecon solicita que se declare inconstitucional una serie de artículos de la Ley de Puertos y que se ajuste el régimen a los estándares constitucionales.
### Impacto en la Competitividad y la Economía
La situación actual del puerto de Guayaquil es preocupante, ya que ha experimentado una caída significativa en la carga movilizada. Según datos de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), Contecon ha visto una disminución drástica en su volumen de carga, pasando de 10,1 millones de toneladas métricas en 2016 a solo 2,7 millones en 2024. En contraste, los puertos privados han aumentado su carga de 5,0 a 13,4 millones de toneladas métricas en el mismo período. Esta tendencia ha llevado a la percepción de que Contecon busca recuperar su posición en el mercado a través de la vía judicial, en lugar de mejorar su eficiencia operativa.
El Gobierno ha advertido que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría tener efectos devastadores en la seguridad jurídica del país y en la logística del transporte marítimo. Se estima que el Estado ha dejado de percibir USD 93,8 millones debido a la caída de carga en el puerto de Guayaquil, lo que subraya la importancia de mantener un marco legal estable que fomente la inversión y la competitividad. La Secretaría Jurídica de la Presidencia ha señalado que la inconstitucionalidad podría resultar en demandas de responsabilidad objetiva contra el Estado, afectando no solo a los puertos, sino a toda la cadena logística del país.
### Perspectivas Futuras y Desafíos
La discusión sobre el modelo portuario ecuatoriano no solo se centra en la legalidad de la Ley de Puertos, sino también en la necesidad de modernizar el marco regulatorio para adaptarse a las realidades del comercio internacional y las exigencias del mercado. La Asamblea Nacional ha respaldado la postura del Gobierno, argumentando que el modelo actual permite tanto la autorización como la delegación de operaciones, dependiendo de la infraestructura involucrada. Este enfoque busca garantizar que el Estado mantenga el control y la regulación necesarios para proteger los intereses públicos.
Sin embargo, la presión para reformar el sistema portuario es palpable. Un estudio de la consultora internacional Niras, contratado por la Unión Europea, ha señalado que el sistema portuario ecuatoriano opera bajo regulaciones dispersas y una ley obsoleta que favorece a los operadores privados. Esto ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la equidad en el mercado, lo que podría llevar a una revisión más profunda de la legislación vigente.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno ecuatoriano, que debe equilibrar la necesidad de fomentar la inversión privada en el sector portuario con la obligación de garantizar un marco regulatorio justo y competitivo. A medida que avanza el proceso judicial, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en el futuro del transporte marítimo en Ecuador.
