La situación política en Guayaquil se ha intensificado con el reciente anuncio del adelanto de la audiencia de juicio del alcalde Aquiles Alvarez, programada para el 24 de diciembre de 2025. Este caso, conocido como el caso Triple A, ha generado un gran revuelo en la ciudad y ha puesto de manifiesto las tensiones entre el gobierno local y el central. Alvarez ha expresado su descontento, afirmando que este adelanto es parte de una estrategia de persecución política que busca obstaculizar su participación en futuras elecciones.
El alcalde, durante un evento deportivo, no dudó en criticar la decisión del Tribunal de Garantías Penales Especializado, que justificó el cambio de fecha en la aplicación del principio de celeridad y la disponibilidad de agenda de los jueces. Alvarez, sin embargo, sostiene que esta celeridad no se aplica de la misma manera en otros casos, especialmente aquellos que involucran a grupos de delincuencia organizada. «Hablan de celeridad jurídica, pero con juicios contra los GDO se hacen los locos», declaró, sugiriendo que su caso está siendo tratado con una rapidez inusual con un objetivo político claro.
### La Estrategia de Persecución Política
Aquiles Alvarez ha denunciado que el adelanto de su audiencia no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento que incluye su vinculación al proceso antes de la segunda vuelta electoral y la colocación de un grillete electrónico en su casa días antes de las festividades de Guayaquil. «Todo es para la foto, para seguir vendiendo humo», afirmó, sugiriendo que las acciones en su contra están diseñadas para estigmatizarlo y evitar que se postule nuevamente.
El alcalde también ha hecho hincapié en que ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que el proceso judicial en su contra está lleno de irregularidades y atropellos. Según Alvarez, la Fiscalía ha intentado allanar a sus abogados antes de la audiencia, lo que él considera un intento de intimidación.
La acusación que enfrenta Alvarez se centra en un presunto comercio irregular de combustibles, que habría causado un perjuicio de USD 61,5 millones. La Fiscalía sostiene que la red involucrada en este caso operaba bajo la dirección de Alvarez, quien es representante legal de la empresa Copedesa, de propiedad familiar. Sin embargo, el alcalde insiste en que todo es parte de una campaña para eliminar a la oposición política.
### Impacto en el Desarrollo de Guayaquil
Además de su situación legal, Alvarez ha vinculado su caso con el desarrollo de la ciudad. Ha denunciado que el gobierno central está bloqueando proyectos importantes, como la operación del Terminal Terrestre de la vía a la Costa, que, según él, ya está terminado y representa una inversión significativa de USD 11,5 millones. «Son ganas de joder, ganas de que Guayaquil no progrese», expresó, refiriéndose a las trabas administrativas que enfrenta su administración.
El alcalde ha prometido que, si no se destraban los permisos necesarios para que el terminal entre en funcionamiento, el municipio señalará públicamente a los responsables. Esta situación ha generado un clima de tensión en la ciudad, donde muchos ciudadanos ven la lucha de Alvarez como un símbolo de resistencia contra un gobierno central que, según ellos, busca controlar a las autoridades locales.
La audiencia de juicio del caso Triple A, que se llevará a cabo en vísperas de Navidad, ha sido interpretada por muchos como un intento de desestabilizar la imagen de Alvarez y su administración. La proximidad de la fecha con las festividades también ha sido criticada, ya que se considera que podría afectar la atención pública y mediática hacia el caso.
En medio de esta controversia, la figura de Aquiles Alvarez se ha vuelto más polarizadora que nunca. Mientras que sus seguidores lo ven como un líder que lucha contra la opresión política, sus detractores lo acusan de corrupción y abuso de poder. La situación en Guayaquil es un claro reflejo de las tensiones políticas que se viven en el país, donde la lucha por el poder y la influencia se intensifica cada día más.
A medida que se acerca la fecha del juicio, todos los ojos estarán puestos en Guayaquil, donde el desenlace de este caso podría tener repercusiones significativas no solo para Alvarez, sino también para el futuro político de la ciudad y del país en general. La batalla entre el alcalde y el gobierno central es un claro ejemplo de cómo las disputas políticas pueden afectar el desarrollo y la gobernanza a nivel local, dejando a la ciudadanía en medio de un conflicto que podría haber sido evitado con un diálogo más constructivo.
