Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha dictado una sentencia de 25 años de prisión contra el expolicía Darwin Condoy, quien fue hallado culpable de ser cómplice en la desaparición forzada de tres civiles en Guayaquil en 2003. Este caso, que ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente del país, se remonta a un operativo policial irregular que culminó en una masacre en las afueras de una farmacia, conocida popularmente como el caso ‘Fybeca’.
La Fiscalía logró demostrar la participación de Condoy en la desaparición de estas tres personas, ocurrida el 19 de noviembre de 2003. Durante el juicio, se presentó como prueba una fotografía que mostraba a un agente policial trasladando a uno de los desaparecidos, esposado y con el rostro cubierto. Esta imagen fue crucial para el desarrollo del caso y para establecer la responsabilidad de los involucrados.
En agosto de 2024, el mismo tribunal había condenado a otros cuatro exagentes a 26 años de prisión por su participación en la desaparición, pero Condoy había estado prófugo hasta su captura el 29 de diciembre de ese año. La Fiscalía ha señalado que, tras la detención irregular de las tres víctimas, estas fueron llevadas a las instalaciones de la Policía Judicial, donde sufrieron torturas.
El fiscal Carlos Alarcón, durante la audiencia, destacó que Condoy no solo participó en el operativo, sino que también desempeñó un papel fundamental en la organización de las funciones de los otros agentes involucrados, lo que permitió que se llevaran a cabo las actividades ilegales en el local comercial. Este caso ha sido tratado como una grave violación de los derechos humanos, y aunque inicialmente se clasificó como un «delito en función», posteriormente se reclassificó como un «delito común» debido a la magnitud de las violaciones cometidas.
La masacre del 19 de noviembre de 2003 no solo resultó en la desaparición de tres personas, sino que también dejó un saldo trágico de ocho muertos. En 2014, la Corte Nacional de Justicia ya había condenado a cinco expolicías a 16 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales relacionadas con este caso. La larga espera por justicia ha sido un tema recurrente en la sociedad ecuatoriana, donde muchos familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos han luchado durante años por obtener respuestas y justicia.
El caso ha generado un amplio debate sobre la impunidad en el sistema judicial ecuatoriano y la necesidad de reformas que garanticen la protección de los derechos humanos. La condena a Condoy representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad, aunque muchos consideran que aún queda un largo camino por recorrer para sanar las heridas abiertas por estos crímenes.
La sociedad ecuatoriana ha estado atenta a este caso, que ha resonado en los medios de comunicación y ha movilizado a organizaciones de derechos humanos. La condena a Condoy es vista como un mensaje claro de que el Estado no tolerará más violaciones a los derechos humanos y que los responsables de tales actos serán llevados ante la justicia, sin importar el tiempo que haya pasado.
A medida que el país avanza hacia un futuro más justo, la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia continúan siendo fundamentales. La lucha por la verdad y la reparación es un proceso que requiere no solo de decisiones judiciales, sino también de un compromiso social y político para garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro. La condena a Darwin Condoy es un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, puede llegar y que la memoria de las víctimas debe ser honrada y preservada en la historia del país.
