La situación de las comunidades waorani en el Parque Nacional Yasuní ha cobrado relevancia en los últimos días, especialmente tras las declaraciones de sus líderes sobre la minería ilegal que amenaza su territorio. En una rueda de prensa celebrada el 8 de septiembre de 2025, Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), junto a otros dirigentes, expresó su rechazo a las acusaciones que vinculan a miembros de su comunidad con actividades mineras ilegales. Este pronunciamiento se produce en un contexto donde la minería ilegal se ha convertido en un problema creciente en la región amazónica, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad del Yasuní, sino también la seguridad y la integridad de sus habitantes.
La minería ilegal en el Yasuní ha sido un tema de preocupación constante. Los waorani han denunciado la falta de respuesta del Gobierno ecuatoriano ante la creciente presencia de bandas criminales que intentan ingresar a sus territorios. Según Bay, desde 2023, las comunidades han estado realizando labores de monitoreo para contener a estos grupos delictivos. «No somos mineros (…) La minería ilegal accede al territorio con la misma dinámica que la legal (…) llegan a una comunidad y sobornan a las comunidades por falta de conocimiento», afirmó Bay, enfatizando que la responsabilidad recae en la falta de presencia del Estado.
### La Denuncia y la Respuesta del Gobierno
Las declaraciones de los líderes waorani se producen en respuesta a una denuncia presentada por un guardaparque del Parque Nacional Yasuní ante el Ministerio de Ambiente y Minas. Esta denuncia alegaba que indígenas waorani estaban colaborando con mineros ilegales, quienes habrían accedido al territorio con una excavadora gracias a su ayuda. Ante esta situación, los waorani han instado al presidente Daniel Noboa a visitar su territorio en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo y Orellana, para trabajar juntos en la protección de su hogar, que desean libre de actividades extractivas como la minería y la tala ilegal.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también se pronunció en la rueda de prensa, advirtiendo que las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, han dejado una huella de contaminación en el territorio. Vargas destacó que si las violaciones a los territorios de las comunidades continúan, la Conaie convocará a una Asamblea urgente para tomar decisiones concretas, incluyendo la posibilidad de un paro nacional contra la explotación minera.
La minería ilegal no solo representa un riesgo ambiental, sino que también está vinculada a actividades del crimen organizado. María José Andrade, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), subrayó que la responsabilidad del ingreso de mineros ilegales no puede recaer sobre la población local, sino que es un problema que proviene de fuerzas externas. Andrade mencionó que, aunque existen varios grupos que utilizan la Amazonía como zona de tránsito, la única banda de la que se tiene constancia en territorio indígena es ‘Los Choneros’, catalogada recientemente como organización terrorista por Estados Unidos. «La minería ilegal es solo una fachada para hacer un lavado de dinero de todo el flujo económico que genera el narcotráfico», afirmó Andrade.
### La Consulta Popular y las Demandas de los Waorani
El 20 de agosto de 2023, se llevó a cabo una consulta popular en la que se decidió, con un 58,95 % de los votos, el cierre de los pozos petroleros del Bloque 43-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) en el Parque Nacional Yasuní, donde habitan los waorani. En mayo de 2024, el presidente Noboa creó un comité para avanzar hacia el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, y en agosto anunció el cierre del primero de los 247 pozos de petróleo, un proceso que se espera finalizar en un plazo de cinco años. Sin embargo, las organizaciones indígenas han denunciado que este plan está estancado y que no existe una intención real de paralizar el proyecto.
Bay ha expresado que, a lo largo de este tiempo, no ha habido voluntad del Gobierno nacional para atender las demandas de la población, lo que ha generado desconfianza en las administraciones. «Las decisiones del pueblo ecuatoriano que tomamos en consultas populares no se respetan», lamentó Vargas, reflejando el sentimiento de frustración que predomina entre las comunidades waorani.
La situación en el Yasuní es un claro ejemplo de la lucha entre la conservación ambiental y las actividades extractivas que amenazan no solo la biodiversidad, sino también la cultura y la vida de las comunidades indígenas. La defensa del territorio waorani es, en última instancia, una defensa de la Amazonía y de su invaluable riqueza natural.
