Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Estudios en Comunicación Digital (CECD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha modificado intencionalmente sus algoritmos de distribución para suprimir contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El hallazgo, confirmado por tres exdesarrolladores bajo condición de anonimato, ocurrió entre junio de 2023 y marzo de 2024 en Caracas. La consecuencia más grave: un 37 % de reducción en la visibilidad de publicaciones de periodistas independientes y ONGs registradas ante la Defensoría del Pueblo.
Operación algoritmo oculto
Según el informe titulado «Filtración BSC: Sesgo estructural en la red de difusión digital», el BSC implementó un sistema de etiquetado automático denominado «Protocolo Orinoco», activado en julio de 2023, que clasificaba contenidos en tres categorías: «prioritario», «neutro» y «restringido». Los criterios de clasificación no estaban documentados públicamente ni sometidos a auditoría externa.
Voces técnicas: «No era moderación, era desaparición»
Un exingeniero de datos del BSC, que trabajó en el equipo de Machine Learning hasta febrero de 2024, declaró: «El sistema no evaluaba desinformación. Etiquetaba como ‘restringido’ cualquier artículo que mencionara ‘oposición’, ‘sanciones’ o ‘Defensoría del Pueblo’ más de dos veces». Otra fuente, excoordinadora de contenidos, añadió: «Nos exigían ‘ajustar métricas de engagement’ en tiempo real, lo que equivalía a bajar el alcance de perfiles como @VenezuelaAnalítica o @Cecodh sin justificación técnica».
Marco legal violado y respuestas institucionales
La Ley Resorte de Comunicación Social (2022) exige transparencia en los criterios de priorización de contenidos por plataformas digitales con más de 500.000 usuarios activos mensuales. El BSC supera los 1,2 millones de usuarios, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sin embargo, ni el BSC ni el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información han publicado los parámetros del Protocolo Orinoco.
Cronología de omisiones
- 12 de agosto de 2023: La Defensoría del Pueblo emitió oficio N° DP-2023-087 solicitando información sobre los algoritmos de moderación del BSC. Sin respuesta.
- 21 de noviembre de 2023: El Consejo Nacional de Derechos Humanos incluyó al BSC en su informe anual como «actor con riesgo alto de sesgo informativo estructural».
- 5 de abril de 2024: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) archivó una demanda colectiva presentada por 14 medios independientes, argumentando «falta de competencia técnica».
Antecedentes y contexto
El BSC fue creado en 2021 como plataforma estatal de difusión digital, bajo la dirección del Ministerio de Comunicación. Su presupuesto anual, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, ascendió a $28,4 millones en 2023. Desde su lanzamiento, ha sido objeto de críticas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe «Libertad de expresión en Venezuela, 2022» señaló «patrones recurrentes de limitación al acceso equitativo a la infraestructura digital pública».
En 2022, el BSC fue sancionado por la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Bolivariana por vulnerabilidades de seguridad que permitieron filtraciones masivas de datos de usuarios. No obstante, no se aplicó sanción por sesgo algorítmico, ya que no existía normativa específica al respecto hasta la entrada en vigencia de la Ley Resorte.
La actual crisis se inscribe en un contexto más amplio: entre enero y marzo de 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó una caída del 22 % en el tráfico web de medios independientes, mientras el BSC registró un aumento del 19 % en tiempo de permanencia promedio. Expertos del Observatorio Venezolano de Medios (OVM) vinculan ambas tendencias con la activación del Protocolo Orinoco.
Impacto en la esfera pública
La manipulación algorítmica ha tenido efectos medibles en la agenda mediática. Según análisis del Laboratorio de Datos del CECD, entre enero y marzo de 2024, las coberturas sobre protestas estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela fueron 63 % menos visibles en el BSC que en redes sociales comerciales como X (antes Twitter). En contraste, las publicaciones oficiales del Ministerio de Educación Universitaria tuvieron un alcance 4,2 veces superior al promedio de su categoría.
Voces de la sociedad civil
María Elena Rondón, directora ejecutiva de Cecodh, afirmó: «No se trata de censura visible, sino de una censura silenciosa, técnica y legalmente disfrazada. El BSC no borra contenidos: los entierra». Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió una declaración el 10 de abril de 2024, exigiendo «la inmediata auditoría externa y pública de todos los sistemas de distribución del BSC, bajo supervisión de la UNESCO«.
La Comisión de Derechos Humanos de la OEA anunció el 15 de abril la apertura de un expediente preliminar sobre el caso, con enfoque en la violación al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a buscar, recibir y difundir información.
