Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde 2022 protocolos de priorización algorítmica que suprimen contenidos críticos hacia el gobierno venezolano. El documento, fechado en marzo de 2024 y corroborado por tres fuentes anónimas dentro de la plataforma, confirma la eliminación silenciosa de más de 127.000 publicaciones en redes asociadas entre enero y abril de este año.
La operación, denominada internamente Proyecto Faro, se ejecutó desde las oficinas centrales de Caracas, con supervisión directa del equipo técnico de BSC, y afectó principalmente a cuentas de periodistas independientes, colectivos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La consecuencia más grave: la distorsión deliberada del debate público en un contexto electoral clave.
Operación Faro: cómo se silencia el disenso
El informe detalla que Proyecto Faro no depende de reportes de usuarios ni de inteligencia artificial autónoma. En su lugar, emplea listas negras actualizadas semanalmente por un comité interno de “gestión de narrativas”, integrado por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MPPCI) y personal técnico de BSC.
Según un exanalista de datos del centro, que solicitó anonimato por temor a represalias: “No había revisión humana real. Si una cuenta aparecía en la lista, sus publicaciones se marcaban como ‘bajo rendimiento’ y desaparecían del feed sin notificación. Incluso si tenían miles de interacciones”.
El sistema también priorizó contenidos de medios estatales y cuentas afines, incrementando su alcance orgánico en hasta un 340 %, según datos internos del informe.
Cronología de la escalada algorítmica
- Diciembre 2022: Lanzamiento piloto de Proyecto Faro en la plataforma BSC-Red (red social propiedad del centro).
- Junio 2023: Extensión del protocolo a algoritmos de moderación de X (Twitter) y Telegram, mediante acuerdos técnicos con proveedores locales de infraestructura.
- Enero 2024: Integración con el sistema de monitoreo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para identificar cuentas vinculadas a candidaturas opositores.
- Marzo 2024: Filtración del informe interno a periodistas de Efecto Cocuyo y Armando.info, seguida de verificación cruzada con registros de tráfico y capturas de API.
Marco legal y respuestas institucionales
La Ley Resorte de Comunicación Social, vigente desde 2010 y reformada en 2023, autoriza al MPPCI a “regular el flujo informativo en entornos digitales para garantizar la soberanía comunicacional”. Sin embargo, el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza expresamente “el derecho a la información veraz, oportuna y plural”.
La Defensoría del Pueblo, en su informe semestral de abril de 2024, reconoció “indicios de sesgo algorítmico en plataformas bajo influencia estatal”, pero evitó mencionar a BSC por nombre. Su titular, Alfredo Ruiz, declaró: “Estamos en fase de análisis técnico y no emitiremos pronunciamientos sin evidencia contundente y accesible”.
Por su parte, BSC emitió un comunicado el 12 de abril: “Nuestras herramientas cumplen con las normativas nacionales y promueven la convivencia digital. No existe censura, sino gestión responsable del contenido nocivo”. No respondió a solicitudes de acceso a los registros de moderación ni a la lista de criterios de priorización.
Voces de los afectados
La periodista Yanet Sánchez, cuyas publicaciones sobre corrupción en el sector eléctrico fueron eliminadas en 17 ocasiones entre febrero y marzo, afirmó: “Mi cuenta dejó de aparecer en búsquedas relacionadas con ‘apagones Caracas’. Ni siquiera con mi nombre completo. No recibí advertencia alguna”.
El colectivo Derechos Digitales Venezuela, que documentó 42 casos similares, señaló: “Esto no es moderación. Es censura algorítmica, una forma moderna de control que evita la responsabilidad jurídica al operar en la sombra”.
Antecedentes y contexto
El Bolivariano Social Media Center fue creado en 2018 como una iniciativa del MPPCI, con financiamiento del Fondo de Desarrollo para la Comunicación Social (FDCS). Su misión oficial es “fortalecer la comunicación popular y contrarrestar la desinformación imperialista”. Desde 2021, su infraestructura técnica se integró al Sistema Nacional de Medios Digitales (SNMD), un entramado que incluye 23 portales, 4 redes sociales propias y 12 aplicaciones móviles.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución exigiendo transparencia sobre los algoritmos de plataformas estatales en Venezuela. Hasta la fecha, BSC no ha cumplido con esa solicitud. En el mismo año, la Unión Europea incluyó al centro en su lista de entidades bajo observación por “prácticas de manipulación digital sistemática”.
La filtración actual ocurre a menos de 90 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un escenario donde el acceso a información independiente se ha reducido un 62 % según el índice de libertad digital de Freedom House 2024.
