La Fiscalía de Ecuador ha intensificado su investigación en el caso conocido como «Apagón», que involucra presuntos actos de peculado relacionados con contratos de generación eléctrica firmados entre la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen. En un operativo realizado el 6 de febrero de 2026, se llevaron a cabo 20 allanamientos en viviendas y oficinas en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Guayas. Este movimiento busca recolectar pruebas que sustenten las acusaciones de irregularidades en la gestión de contratos que, según la Contraloría General del Estado, han causado un perjuicio al Estado por un monto aproximado de 100 millones de dólares.
Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la Fiscalía y la Policía, quienes se incautaron de documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Estos elementos serán analizados para determinar la magnitud de las irregularidades y la implicación de los funcionarios involucrados. La investigación comenzó en julio de 2025, cuando se realizaron las primeras diligencias en las viviendas de funcionarios y en las instalaciones de Celec. En ese momento, se allanó la casa de Fabián Calero, exviceministro de Energía y exgerente de Celec, quien se encuentra entre los principales investigados.
### Contexto del Caso Apagón
El caso Apagón se centra en la contratación de Progen para la generación de electricidad en Ecuador. Las acusaciones sugieren que los contratos firmados en 2024 no solo fueron perjudiciales para el Estado, sino que también se llevaron a cabo sin la debida diligencia y transparencia. La Contraloría ha señalado que las condiciones de estos contratos favorecieron a la empresa Progen, lo que ha llevado a cuestionar la integridad de los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación.
Desde el inicio de la investigación, se han realizado múltiples allanamientos, incluyendo uno en diciembre de 2025 en la casa del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y del exviceministro de Electricidad, Rafael Quintero. Estos operativos han revelado un patrón de irregularidades que ha puesto en tela de juicio la gestión de la energía eléctrica en el país. La Fiscalía ha indicado que los documentos y dispositivos electrónicos recuperados en los allanamientos serán cruciales para establecer la responsabilidad de los implicados.
La situación se complica aún más con la demanda presentada por Celec en Estados Unidos contra Progen Industries LLC, que confirma las irregularidades señaladas desde la firma del contrato. Esta demanda es un indicativo de que las autoridades ecuatorianas están tomando medidas para recuperar los fondos perdidos y sancionar a los responsables de este escándalo.
### Implicaciones y Reacciones
La investigación del caso Apagón ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en el centro del debate la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de contratos públicos en Ecuador. La ciudadanía exige respuestas y justicia, especialmente considerando el impacto que estos contratos han tenido en el suministro de energía y en la economía del país.
Los allanamientos y la recolección de pruebas son solo el comienzo de un proceso que podría llevar a la imputación de varios funcionarios de alto rango. La Fiscalía ha manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y de no dejar piedra sin mover en su búsqueda de justicia. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre la posible politización del caso, dado que involucra a figuras prominentes del gobierno y del sector energético.
La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar y regular el sector energético en Ecuador. La falta de controles adecuados y de mecanismos de rendición de cuentas ha permitido que se produzcan estos actos de corrupción, lo que ha llevado a la ciudadanía a cuestionar la confianza en sus líderes y en el sistema en general.
A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que podría cambiar el rumbo de la política energética en Ecuador. La presión sobre el gobierno para que actúe con firmeza y transparencia es más fuerte que nunca, y la sociedad civil está atenta a cada desarrollo en este caso que ha capturado la atención del país.
