El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado un ambicioso proyecto de ley que busca reformar la manera en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) manejan sus presupuestos. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de un contexto de necesidad de mayor inversión en infraestructura y servicios públicos, establece que los GAD deberán destinar un mínimo del 70% de sus asignaciones presupuestarias a estos fines. La propuesta fue presentada el 28 de enero de 2026 y tiene como objetivo garantizar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
### Un cambio estructural en la gestión de recursos
La reforma propuesta por Noboa introduce una regla fiscal que busca asegurar que los GAD prioricen la inversión en obras públicas y mantenimiento de infraestructura. Según el proyecto, esta regla se implementará de manera progresiva, comenzando con un 60% en el primer año (2027), aumentando a un 65% en el segundo (2028) y alcanzando el 70% en el tercer año (2029). Para los GAD Parroquiales Rurales, se establece un cronograma diferente, comenzando con un 50% y alcanzando el mismo 70% en el cuarto año (2030).
El presidente ha enfatizado que esta medida no solo busca aumentar la inversión, sino también mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos. «Es una regla clara y verificable para que los GAD destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos», afirmó Noboa durante la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional.
### Condiciones para las asignaciones del Gobierno central
Un aspecto crucial de esta reforma es que las asignaciones que el Gobierno central realiza a los GAD estarán condicionadas al cumplimiento de esta nueva regla de inversión. Aquellos GAD que no logren destinar el 70% de su presupuesto a inversión pública verán reducidas sus transferencias del Presupuesto General del Estado. En este sentido, se establece que los GAD que no alcancen el porcentaje mínimo recibirán solo el 15% de asignación por ingresos permanentes (impuestos) y un 5% por asignaciones por venta de petróleo.
El proyecto de ley también busca delimitar qué gastos pueden considerarse como inversión para cumplir con el nuevo requisito. Se especifican varios grupos y subgrupos de gastos que se computarán como inversión, incluyendo servicios básicos, mantenimiento y reparación de infraestructura, así como la adquisición de bienes de uso y consumo de inversión. Esta delimitación es fundamental para evitar que los GAD incluyan gastos que no contribuyan directamente a la mejora de la infraestructura pública.
La propuesta de Noboa ha sido recibida con interés por parte de los alcaldes y autoridades locales, quienes han expresado la necesidad de contar con un marco claro que les permita gestionar sus recursos de manera más efectiva. Sin embargo, también han manifestado preocupaciones sobre la capacidad de algunos GAD para cumplir con estos nuevos requisitos, especialmente en contextos donde ya enfrentan limitaciones financieras.
La implementación de esta reforma podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que una mayor inversión en infraestructura y servicios públicos puede traducirse en mejoras en la educación, salud y seguridad. Además, se espera que esta medida fomente un mayor compromiso por parte de los GAD en la planificación y ejecución de proyectos que beneficien a sus comunidades.
En un contexto donde la inversión pública es crucial para el desarrollo económico y social del país, la propuesta de Noboa representa un paso importante hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos. La implementación de esta reforma será un desafío, pero también una oportunidad para que los GAD demuestren su capacidad de respuesta ante las necesidades de sus ciudadanos.
