Las tensiones en Ecuador han alcanzado un punto crítico tras la muerte de un manifestante durante las recientes protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur ha instado a un «diálogo urgente» entre el Gobierno ecuatoriano y las organizaciones sociales e indígenas. Este llamado se produce en un contexto de creciente violencia y descontento social, donde la comunidad indígena ha sido una de las más afectadas.
El representante regional de la ONU, Jan Jarab, expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad y la necesidad de encontrar soluciones pacíficas. La muerte de Efraín Fuerez, un comunero kichwa, ha sido catalogada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como un «crimen de Estado», lo que ha intensificado las demandas de justicia y transparencia en la investigación de los hechos.
### Contexto de las Protestas
Las manifestaciones comenzaron el 22 de septiembre de 2025, en respuesta a la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, lo que ha llevado a un aumento significativo en el precio del combustible. Este cambio ha afectado desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, que dependen del transporte y la agricultura. La Conaie ha liderado las protestas, exigiendo la derogación del decreto que eliminó el subsidio, argumentando que esta medida beneficia a sectores como la minería ilegal y el contrabando, en lugar de a los ciudadanos más necesitados.
El Gobierno, encabezado por el presidente Noboa, ha mantenido una postura firme, afirmando que no retrocederá en su decisión. Noboa ha calificado las protestas como actos de resistencia contra el progreso del país y ha denunciado ataques a convoyes humanitarios que intentan llevar ayuda a las comunidades afectadas. Esta situación ha generado un clima de tensión y desconfianza entre el Gobierno y las organizaciones sociales, lo que complica aún más la posibilidad de un diálogo constructivo.
### Reacciones Internacionales y Demandas de Justicia
La ONU ha subrayado la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos y ha exigido una investigación exhaustiva sobre la muerte de Fuerez y las heridas de otros manifestantes, incluidos varios militares. Jarab ha advertido que el uso de fuerzas militares en situaciones de conflicto social puede resultar en violaciones de derechos humanos, y ha instado al Gobierno a reconsiderar su enfoque.
Las denuncias de brutalidad por parte de las fuerzas armadas han sido una constante en las declaraciones de la Conaie. La organización ha señalado que los militares han atacado a civiles indefensos, lo que ha llevado a un aumento en la indignación y la movilización de la población. La comunidad internacional observa con atención la situación, y la presión sobre el Gobierno ecuatoriano para que respete los derechos humanos y busque soluciones pacíficas se intensifica.
A medida que las protestas continúan, el número de heridos y detenidos sigue aumentando. Hasta la fecha, se han reportado 48 heridos y más de cien detenidos, algunos de los cuales enfrentan cargos de terrorismo. Este contexto de violencia y represión ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las acciones del Gobierno y su compromiso con el diálogo y la paz social.
La historia reciente de Ecuador muestra que las protestas sociales pueden tener un impacto significativo en la política del país. En 2019 y 2022, las movilizaciones indígenas llevaron a los presidentes de turno a revertir decisiones similares sobre subsidios. La Conaie ha dejado claro que no se detendrán hasta que se escuchen sus demandas, lo que plantea un desafío considerable para el actual Gobierno.
La situación en Ecuador es un recordatorio de la fragilidad de la paz social en contextos de crisis económica y descontento popular. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, juega un papel crucial en la mediación y promoción del diálogo, pero la voluntad política de las partes involucradas será determinante para alcanzar una solución duradera. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro del país y la estabilidad de sus comunidades más vulnerables.
