La reciente campaña electoral en Ecuador ha dejado un vacío significativo en términos de transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que los candidatos Daniel Noboa y Luisa González han estado en el centro de atención durante la segunda vuelta electoral, ambos han fallado en presentar sus informes de gastos de campaña, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso electoral y la regulación del financiamiento político en el país.
### El Contexto de la Campaña Electoral
La segunda vuelta electoral en Ecuador se llevó a cabo en un periodo de 19 días, donde los candidatos Noboa y González realizaron una intensa campaña que incluyó eventos masivos, conciertos y una fuerte presencia en redes sociales. Sin embargo, a más de tres meses de la votación, ambos candidatos no han cumplido con la obligación de presentar sus informes quincenales de gastos, ni el informe final requerido por el Código de la Democracia.
El incumplimiento de estas normativas no solo es preocupante desde el punto de vista legal, sino que también socava la confianza pública en el sistema electoral. Según los datos disponibles, los partidos Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) han presentado únicamente sus presupuestos iniciales, que indican ingresos de USD 134.618 y USD 200.000 respectivamente, pero no han proporcionado detalles sobre los gastos reales ni sobre los aportantes de campaña.
Este silencio sobre los gastos electorales es alarmante, especialmente considerando que en la primera vuelta, Noboa reportó gastos de USD 224.500 y González de USD 236.900, cifras que, aunque menores al límite permitido de 5,49 millones por cada lista, aún requieren un desglose detallado para asegurar la transparencia. La falta de informes claros sobre cómo se gastó el dinero, en qué se invirtió y quiénes fueron los donantes, deja un vacío que puede ser explotado por la desconfianza y la especulación.
### La Falta de Supervisión del Consejo Nacional Electoral
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha emitido un informe crítico sobre la falta de acción del Consejo Nacional Electoral (CNE) en este contexto. A pesar de que la normativa exige la presentación de informes quincenales y un balance final hasta 90 días después de la votación, el CNE no ha tomado medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. Esta inacción es preocupante, ya que el CNE es la entidad encargada de supervisar el financiamiento político y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
El informe de la Fundación también destaca que durante los eventos de cierre de campaña de ambos candidatos, no se observó la presencia de personal del CNE supervisando el cumplimiento de las normativas de gasto electoral. Esta ausencia de control puede abrir la puerta a irregularidades y falta de transparencia en el uso de recursos durante la campaña.
Ante esta situación, la Fundación ha recomendado que el CNE implemente mecanismos de supervisión más robustos, que incluyan la creación de canales de denuncia y la utilización de herramientas tecnológicas para el monitoreo del gasto electoral. La implementación de equipos de fiscalización que acompañen las actividades de campaña podría ser un paso crucial para asegurar que se cumplan las normativas y que los ciudadanos tengan acceso a información clara y precisa sobre el financiamiento de las campañas.
La falta de transparencia en el financiamiento electoral no solo afecta la percepción pública de los candidatos, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en la salud de la democracia ecuatoriana. La confianza en las instituciones y en el proceso electoral es fundamental para la estabilidad política y social del país.
### La Urgencia de Reformas en el Sistema Electoral
La situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas en el sistema electoral ecuatoriano. La falta de cumplimiento de las normativas por parte de los partidos políticos y la inacción del CNE son señales de que el sistema necesita ajustes para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin una supervisión adecuada y un marco regulatorio que se respete, el riesgo de corrupción y abuso de poder en el financiamiento de campañas electorales aumenta significativamente.
Es fundamental que los ciudadanos exijan a sus representantes y a las instituciones electorales un compromiso real con la transparencia. La implementación de medidas efectivas para el control del gasto electoral no solo beneficiará a los candidatos que actúan de manera ética, sino que también fortalecerá la confianza del electorado en el sistema democrático.
La situación actual es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en el proceso electoral. La transparencia no debe ser una opción, sino una obligación que garantice la integridad del sistema político y la confianza de los ciudadanos en sus líderes.
