Los recientes atentados en Guayas han reavivado un conflicto latente entre la Asamblea Nacional de Ecuador y la Corte Constitucional, especialmente en relación con la Ley de Inteligencia. Este marco legal, que fue aprobado por la mayoría oficialista en junio de 2025, ha estado bajo la lupa de la Corte desde que se presentaron múltiples demandas de inconstitucionalidad. La situación se ha vuelto más crítica tras los ataques del 14 y 15 de octubre, que dejaron un saldo trágico de un fallecido y varios heridos, lo que ha llevado a los legisladores a cuestionar la eficacia de la normativa en la prevención de actos violentos.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), liderada por Mishel Mancheno, ha exigido a los jueces constitucionales que emitan un dictamen urgente sobre la Ley de Inteligencia. Según los legisladores oficialistas, si la ley hubiera estado vigente, el ataque podría haberse evitado. La frustración es palpable, ya que han pasado casi dos meses desde que la Corte suspendió doce artículos de la ley, y aún no hay una respuesta clara por parte del tribunal.
### La Ley de Inteligencia y su Suspensión
La Ley de Inteligencia, que fue aprobada en un contexto de creciente violencia en el país, ha sido objeto de controversia desde su creación. A inicios de agosto, la Corte Constitucional admitió a trámite varias demandas que cuestionan la constitucionalidad de la ley. Entre los artículos suspendidos se encuentran disposiciones clave que permiten la interceptación de comunicaciones y el acceso a información de operadoras telefónicas sin necesidad de una orden judicial.
Los legisladores de ADN argumentan que estas medidas son esenciales para combatir el crimen organizado y prevenir atentados. Andrés Castillo, uno de los asambleístas, ha declarado que la falta de acción por parte de la Corte está poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden adelantarse a estos crímenes, simple y llanamente, porque a la Corte Constitucional le parece más importante garantizar el derecho a la intimidad a quienes nos pretenden someter», afirmó Castillo.
Por otro lado, la Corte ha justificado la suspensión de los artículos al señalar que su aplicación podría resultar en una afectación irreversible a derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales. Este argumento ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales, un dilema que se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto actual de violencia en Ecuador.
### Reacciones y Consecuencias Políticas
La situación ha llevado a la Asamblea a considerar acciones adicionales para presionar a la Corte. Los legisladores han manifestado su intención de insistir en la necesidad de un pronunciamiento sobre la Ley de Inteligencia, argumentando que la inacción del tribunal podría tener consecuencias fatales en la lucha contra el crimen. La tensión entre ambas instituciones ha escalado, y los atentados recientes han servido como catalizador para que la Asamblea exija respuestas más rápidas y efectivas.
Además, la situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de la relación entre el poder legislativo y el judicial en Ecuador. La falta de un consenso claro sobre cómo abordar la violencia y la seguridad ha llevado a un estancamiento que podría tener repercusiones en la gobernabilidad del país. La bancada de ADN ha señalado que no se detendrán hasta que se logre una respuesta de la Corte, lo que podría llevar a un aumento de la presión política sobre el tribunal.
En este contexto, la Ley de Inteligencia se ha convertido en un símbolo de la lucha por la seguridad en Ecuador, y su futuro es incierto. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de evaluar las demandas de inconstitucionalidad, pero la presión de la Asamblea y la opinión pública podría influir en su decisión. A medida que la violencia continúa afectando a la población, la necesidad de un marco legal efectivo para combatir el crimen se vuelve cada vez más urgente.
La situación en Guayas es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta Ecuador en términos de seguridad y gobernabilidad. La tensión entre la Asamblea y la Corte Constitucional no solo afecta la implementación de la Ley de Inteligencia, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del sistema democrático en el país. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo ambas instituciones manejan esta crisis y qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
