La mañana del 12 de agosto de 2025, Quito se convirtió en el escenario de una intensa movilización política, marcada por la presencia de un fuerte resguardo militar en los alrededores de la Corte Constitucional. Este despliegue se produjo horas antes de una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, en respuesta a la suspensión de varios artículos de las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad, que habían sido aprobadas por la Asamblea Nacional. La situación en la capital ecuatoriana refleja la creciente tensión entre el Gobierno y el máximo órgano de control constitucional del país.
La Corte Constitucional amaneció militarizada, con aproximadamente 100 efectivos de las fuerzas armadas y la Policía Nacional resguardando el edificio. Este operativo incluyó controles de seguridad a mochilas y vehículos, así como la valla de los exteriores de la Corte. A pesar de la fuerte presencia policial, las actividades en la Corte se desarrollaron con normalidad, y los jueces se presentaron a sus labores. Sin embargo, la calle José Tamayo fue cerrada al tránsito, lo que generó un ambiente de expectación entre los ciudadanos.
Desde el puente del Guambra, punto de concentración de la marcha oficialista, se esperaba que la movilización comenzara a las 11:00. Un grupo de simpatizantes del presidente Noboa llegó temprano a la Corte, pero fue redirigido hacia el lugar de inicio de la marcha. La movilización tiene como objetivo expresar el apoyo del Gobierno ante la reciente decisión de la Corte, que ha suspendido temporalmente varios artículos de las leyes impulsadas por el Ejecutivo.
### Contexto de la Marcha y las Leyes Suspendidas
La controversia en torno a las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad ha generado un intenso debate en el país. La Ley de Inteligencia regula el manejo de información para la seguridad nacional, mientras que la Ley de Integridad Pública establece controles y sanciones para los servidores públicos. Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional crea contribuciones económicas destinadas a financiar proyectos relacionados con la seguridad.
La Corte Constitucional ha recibido un total de 34 demandas en contra de estas leyes, lo que ha llevado a la suspensión temporal de algunos de sus artículos mientras se evalúa su constitucionalidad. Esta decisión ha sido criticada por el Gobierno, que argumenta que las suspensiones limitan las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad interna del país.
El presidente Noboa y sus voceros han calificado a la Corte Constitucional como el ‘enemigo del pueblo’, lo que ha intensificado la polarización política en Ecuador. La marcha de este martes se presenta como una respuesta a esta situación, buscando movilizar a los simpatizantes del Gobierno y reafirmar su apoyo a las medidas de seguridad propuestas.
### Reacciones y Consecuencias
La movilización ha generado diversas reacciones entre la población y los analistas políticos. Por un lado, los simpatizantes del Gobierno ven la marcha como una oportunidad para demostrar su respaldo a las políticas de Noboa y su rechazo a las decisiones de la Corte. Por otro lado, los opositores critican la militarización de la Corte y la retórica del Gobierno, que consideran peligrosa para la democracia.
La situación en Quito refleja un momento crítico en la política ecuatoriana, donde la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial se ha intensificado. La respuesta del Gobierno ante la suspensión de las leyes y la movilización de sus seguidores podría tener repercusiones significativas en el futuro político del país. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo la Corte Constitucional manejará las demandas y qué impacto tendrán estas decisiones en la seguridad y la gobernabilidad en Ecuador.
La marcha, que se espera que concluya de forma pacífica, es un claro indicativo de la polarización que enfrenta el país. La capacidad del Gobierno para movilizar a sus seguidores y la respuesta de la oposición serán factores determinantes en el desarrollo de esta crisis política. En un contexto donde la seguridad y la estabilidad son prioritarias, las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para el futuro de Ecuador.
