En medio de un clima de tensión y descontento social, la situación en Ecuador se ha vuelto crítica tras el anuncio de una tregua temporal por parte de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte, conocido como Chijallta Fici. Este anuncio se produce en el contexto de un paro nacional que ha estado en marcha desde el 22 de septiembre, en respuesta al fin del subsidio al diésel, una medida que ha generado un fuerte rechazo entre las comunidades indígenas y otros sectores de la población. Sin embargo, la tregua ha sido cuestionada por el Pueblo Kichwa Karanki, que se ha desmarcado de esta decisión, lo que ha añadido más complejidad a la situación.
La tregua fue anunciada el 1 de octubre de 2025, en un comunicado donde la Federación Kichwa expresó su disposición al diálogo con el gobierno de Daniel Noboa. En el documento, se enfatizó la importancia de que el diálogo se realice en un marco de respeto mutuo y transparencia, y se plantearon cuatro demandas fundamentales: el respeto a los derechos colectivos, la no criminalización de las protestas, el cumplimiento de compromisos previos y la presencia de observadores en el proceso de diálogo. La Federación busca que sus derechos históricos sean escuchados y respetados, lo que refleja la urgencia de una solución pacífica a la crisis.
Sin embargo, el Pueblo Kichwa Karanki, uno de los grupos que forma parte de la Federación, ha rechazado esta tregua, calificándola de «pronunciamiento personal y arbitrario» del presidente de Chijallta Fici, Mesías Flores. En un comunicado, el Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Karanki afirmó que su movilización y demandas son innegociables, exigiendo específicamente la derogatoria del decreto 126 y oponiéndose a la convocatoria de una asamblea constituyente. Este desacuerdo interno pone de manifiesto las divisiones que existen dentro de las comunidades indígenas y la dificultad de alcanzar un consenso en un momento tan crítico.
### Contexto del Paro Nacional
El paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha tenido un impacto significativo en diversas regiones del país, especialmente en Imbabura, donde se han registrado manifestaciones masivas. Las comunidades han expresado su descontento no solo por el fin del subsidio al diésel, sino también por una serie de problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas, como la falta de acceso a servicios básicos, la criminalización de la protesta social y la violación de derechos colectivos.
Desde el inicio de las movilizaciones, se han reportado bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden, lo que ha llevado a un aumento en la tensión social. Las largas filas para abastecerse de gasolina en Ibarra son una de las consecuencias visibles de este paro, donde los ciudadanos han tenido que esperar horas para poder llenar sus tanques, lo que refleja el impacto económico que estas protestas están generando en la población.
La situación se complica aún más por la falta de un diálogo efectivo entre el gobierno y las comunidades indígenas. A pesar de los intentos de negociación, las conversaciones han fracasado en varias ocasiones, lo que ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia las autoridades. La Federación Kichwa ha manifestado su deseo de encontrar una solución pacífica, pero la falta de respuestas concretas por parte del gobierno ha alimentado la frustración entre los manifestantes.
### Demandas y Expectativas de las Comunidades Indígenas
Las demandas planteadas por la Federación Kichwa son el reflejo de un descontento más amplio que va más allá del subsidio al diésel. Las comunidades indígenas han exigido el reconocimiento de sus derechos colectivos, que incluyen el acceso a la tierra, la protección de sus territorios y el respeto a sus culturas. La criminalización de la protesta ha sido un tema recurrente, con numerosos casos de líderes indígenas detenidos o perseguidos por participar en movilizaciones.
La presencia de observadores en el proceso de diálogo es otra de las exigencias clave. Las comunidades buscan garantizar que cualquier acuerdo alcanzado sea respetado y que no se repitan los errores del pasado, donde los compromisos no fueron cumplidos. La falta de confianza en el gobierno ha llevado a muchas comunidades a adoptar una postura más radical, como lo demuestra la decisión del Pueblo Kichwa Karanki de continuar con sus movilizaciones a pesar de la tregua anunciada.
La situación en Ecuador es un claro ejemplo de cómo las tensiones sociales pueden escalar rápidamente cuando las demandas de las comunidades no son atendidas. La falta de un diálogo efectivo y la desconfianza hacia las autoridades han llevado a un estancamiento que podría tener consecuencias graves si no se aborda de manera urgente. Las comunidades indígenas, que han sido históricamente marginadas, están exigiendo ser escuchadas y respetadas, y su lucha por la justicia social continúa en el centro del debate nacional.
