Las autoridades de Cuenca y Azuay se han reunido con representantes del Gobierno para discutir la revocatoria de la licencia ambiental del controvertido proyecto minero Loma Larga. Este encuentro se produce en un contexto de creciente presión social, tras una masiva marcha que reunió a más de 100,000 personas en defensa del agua y en contra de la minería en la región. La reunión, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025, fue convocada por el Ministerio de Ambiente y Energía, y contó con la participación del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret.
La situación en torno al proyecto Loma Larga ha generado un intenso debate en la comunidad, especialmente debido a su ubicación cerca del Área de Recreación Quimsacocha, un espacio natural de gran importancia ecológica. Durante la reunión, las autoridades locales presentaron informes técnicos que argumentan la incompatibilidad de la actividad minera con la zona, destacando los riesgos de contaminación del agua y el impacto ambiental que podría tener el proyecto.
### Demandas de Celeridad y Transparencia
El alcalde Cristian Zamora expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno ante las solicitudes de información y la revocatoria de la licencia. Aseguró que la decisión sobre el futuro del proyecto minero no debería recaer en la Alcaldía o la Prefectura, sino en el Estado central, que es el responsable de otorgar las concesiones y licencias ambientales. «Quiero dejar en claro que ni la Municipalidad ni ninguna institución en el país pueden tomar una decisión, salvo el Estado central», afirmó Zamora.
Además, el alcalde entregó varios documentos al Gobierno, incluyendo un informe de la empresa municipal ETAPA, que concluye que la actividad minera es incompatible con la zona de Quimsacocha. Este informe, junto con otros estudios y resultados de una consulta popular realizada en 2021, busca sustentar la urgencia de revocar la licencia ambiental del proyecto Loma Larga.
Por su parte, el prefecto Juan Cristóbal Lloret también hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno actúe con rapidez. «Inicien el trámite, por lo menos, notifiquen a la minera», solicitó, señalando que ya habían entregado la información requerida sin recibir respuesta. La falta de acción por parte del Gobierno ha generado frustración entre las autoridades locales y la ciudadanía, que teme por la protección de sus recursos hídricos.
### Contexto Social y Ambiental
La marcha por el agua, que tuvo lugar una semana antes de la reunión, fue un claro indicador del descontento social en Cuenca y Azuay. Organizaciones sociales, ambientalistas y ciudadanos comunes se unieron para exigir la protección del agua y el medio ambiente, manifestando su rechazo a la minería en la región. La preocupación por la contaminación del agua y el impacto ambiental de proyectos como Loma Larga ha sido un tema recurrente en el discurso público, y la movilización social ha puesto de relieve la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales.
El proyecto Loma Larga, que es propiedad de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, ha sido objeto de críticas por su potencial impacto negativo en el medio ambiente y la salud de la población. La comunidad ha expresado su deseo de que el Gobierno escuche sus demandas y actúe en consecuencia, priorizando la protección del agua y el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses económicos de la minería.
La reunión del 23 de septiembre representa un momento crucial en la lucha por la defensa del agua en Cuenca y Azuay. Las autoridades locales han dejado claro que están dispuestas a seguir presionando al Gobierno para que tome una decisión sobre la revocatoria de la licencia ambiental de Loma Larga. La respuesta del Gobierno a estas demandas será fundamental para determinar el futuro del proyecto y la relación entre las autoridades locales y el Estado central.
En un contexto donde la ciudadanía está cada vez más involucrada en la defensa de sus derechos y recursos, la presión social podría ser un factor determinante en la toma de decisiones gubernamentales. La situación en Cuenca y Azuay es un reflejo de un fenómeno más amplio en el que las comunidades están exigiendo un mayor control sobre sus recursos naturales y una mayor transparencia en la gestión ambiental.
