Las organizaciones sociales en Ecuador enfrentan un nuevo marco regulatorio que limita su capacidad de intervenir en proyectos mineros. Este cambio se establece a través del Reglamento de la Ley de Transparencia Social, que fue emitido el 27 de octubre de 2025. Según este reglamento, las organizaciones sin fines de lucro no podrán participar en actividades que obstaculicen o interfieran con proyectos mineros que cuenten con la debida autorización legal. Esta medida ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país.
### Implicaciones del Nuevo Reglamento
El artículo 4 del reglamento establece que, en caso de que una organización social incumpla esta disposición, la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria podrá suspender su personería jurídica por un periodo de cuatro años. Esta sanción se suma a otras posibles consecuencias administrativas o legales que podrían derivarse del incumplimiento. La norma también prohíbe que las organizaciones destinen fondos provenientes de donaciones, tanto nacionales como internacionales, para promover o financiar acciones que busquen paralizar actividades mineras.
Este enfoque restrictivo ha sido criticado por diversos sectores, que argumentan que limita la capacidad de las organizaciones sociales para actuar en defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la minería. Además, la Disposición General Sexta del reglamento enfatiza que los programas financiados deben limitarse a la supervisión y auditoría de la gestión de recursos en el sector minero, sin poder utilizar esos fondos para actividades de protesta o paralización.
### Contexto y Reacciones
La Ley de Transparencia, que entró en vigor el 28 de agosto de 2025, busca regular el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones sociales. Sin embargo, muchos ven en esta legislación un eco de la Ley de Fundaciones, que fue objeto de controversia durante el gobierno anterior. La preocupación radica en que estas regulaciones pueden ser utilizadas para silenciar a las voces críticas y limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan a las comunidades.
Las organizaciones sociales han manifestado su descontento a través de marchas y protestas, como la que tuvo lugar en Cuenca el 16 de septiembre de 2025, donde miles de personas se opusieron al proyecto minero Loma Larga. Este tipo de movilizaciones pone de manifiesto la tensión existente entre el desarrollo económico impulsado por la minería y la defensa de los derechos ambientales y sociales de las comunidades locales.
El reglamento también establece que las organizaciones deben denunciar cualquier actividad de minería ilegal que conozcan, así como cualquier posible vinculación de donantes o socios con estas actividades. Esto se enmarca en un esfuerzo por identificar y mitigar los riesgos asociados al financiamiento del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, pero también plantea interrogantes sobre la privacidad y la autonomía de las organizaciones.
### Conclusiones sobre el Futuro de la Minería y las Organizaciones Sociales
El nuevo reglamento representa un cambio significativo en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales en Ecuador. Mientras que el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar el desarrollo económico y la legalidad en el sector minero, las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ven en ello una amenaza a la libertad de expresión y a la capacidad de las comunidades para defender sus derechos.
La implementación de este reglamento y su impacto en la actividad minera y en la participación ciudadana será un tema a seguir de cerca en los próximos meses. Las reacciones de las organizaciones sociales y la respuesta del gobierno ante las protestas y críticas serán determinantes para el futuro de la minería en Ecuador y la relación entre el Estado y la sociedad civil.
