En un impactante operativo realizado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en Quito, un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido desde el 29 de agosto de 2025 fue encontrado en una clínica clandestina de rehabilitación. Este establecimiento, ubicado en La Ferroviaria Alta, operaba sin los permisos necesarios y mantenía a 35 internos en condiciones deplorables. La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y supervisión de estos centros.
La AMC llevó a cabo la clausura del centro, donde se descubrió que el adulto mayor había perdido la conciencia mientras caminaba en estado etílico por el Centro Histórico de Quito. Al despertar, se encontró encerrado en contra de su voluntad en este supuesto centro de rehabilitación. Este caso ha sido remitido a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que ahora investiga las circunstancias que rodean este alarmante hallazgo.
Los testimonios de otros internos revelaron una serie de abusos y condiciones inhumanas. Muchos de ellos eran obligados a trabajar para financiar su estancia y alimentación, lo que plantea serias preguntas sobre la legalidad y la ética de estas prácticas. Además, se denunciaron maltratos y condiciones de insalubridad que son inaceptables en cualquier contexto, especialmente en un lugar que debería ofrecer rehabilitación y cuidado.
La AMC ha indicado que el responsable de este establecimiento enfrentará una multa de hasta ocho salarios básicos unificados, lo que equivale a aproximadamente USD 3.760, por operar como un centro de categoría II sin los permisos adecuados. Sin embargo, las posibles responsabilidades penales aún están por determinarse, lo que deja a muchos en la comunidad preocupados por la justicia en este caso.
Familiares de otros internos acudieron al lugar tras enterarse de la clausura, algunos de ellos sorprendidos al descubrir que sus seres queridos estaban retenidos en condiciones tan precarias. Algunos afirmaron que pagaban hasta USD 100 mensuales por la supuesta rehabilitación, mientras que otros desconocían completamente la situación de sus familiares. Este hecho pone de relieve la falta de información y la vulnerabilidad de las familias que buscan ayuda para sus seres queridos con problemas de adicción.
La AMC ha señalado que, en lo que va del año 2025, se han clausurado 12 establecimientos similares en Quito por operar sin permisos y por representar un riesgo para la salud y seguridad de los internos. Este patrón de actividad ilegal resalta la necesidad urgente de una supervisión más estricta y de una regulación más efectiva de los centros de rehabilitación en la ciudad.
La situación en Quito no es única; en muchas ciudades del mundo, los centros de rehabilitación clandestinos han proliferado, a menudo aprovechándose de la desesperación de las familias que buscan ayuda para sus seres queridos. La falta de regulación en este sector ha llevado a abusos sistemáticos, y es fundamental que las autoridades tomen medidas decisivas para erradicar estas prácticas.
Además, es crucial que se implementen programas de concienciación y educación para las familias, para que puedan identificar centros de rehabilitación legítimos y evitar caer en manos de estafadores que operan en la clandestinidad. Las autoridades deben trabajar en conjunto con organizaciones de salud y bienestar para garantizar que las personas que buscan ayuda reciban el tratamiento adecuado en un entorno seguro y saludable.
Este caso en particular ha puesto de relieve la importancia de la vigilancia comunitaria y la denuncia de irregularidades. La participación activa de la comunidad es esencial para prevenir que situaciones como esta se repitan. Las familias deben sentirse empoderadas para cuestionar y denunciar cualquier actividad sospechosa en su entorno, y las autoridades deben estar preparadas para actuar de manera rápida y efectiva.
La historia del adulto mayor rescatado es un recordatorio de que detrás de cada número y cada estadística hay vidas humanas que merecen dignidad y respeto. La lucha contra la adicción y la búsqueda de rehabilitación no deben convertirse en una oportunidad para el abuso y la explotación. Es imperativo que se tomen medidas para proteger a los más vulnerables y garantizar que todos tengan acceso a un tratamiento justo y humano.
