La situación en la Asamblea Nacional de Ecuador respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se ha convertido en un tema candente y polémico. A pesar de que ha pasado un año y medio desde que se inició el debate, aún no se ha logrado un consenso que permita la aprobación de las reformas propuestas por la bancada de Revolución Ciudadana. Este artículo explora los detalles de las reformas, las reacciones de los diferentes sectores políticos y las implicaciones que podrían tener para el sistema judicial del país.
La propuesta de reforma al COIP, que fue impulsada por el correísmo, ha sido objeto de críticas y controversias. Uno de los puntos más debatidos es la inclusión de nuevos requisitos para la revisión de sentencias. Según la legislación actual, un recurso puede ser presentado sin importar el tiempo transcurrido desde que se dictó la sentencia, siempre que se cumpla al menos una de tres causales específicas. Estas causales incluyen la comprobación de la existencia de una persona que se creía muerta, la existencia de dos sentencias condenatorias por la misma infracción y la presentación de pruebas que demuestren que la sentencia se basó en documentos o testimonios falsos.
Sin embargo, la Revolución Ciudadana ha propuesto añadir dos causales más que han generado un gran debate. La primera se refiere a la posibilidad de revisar sentencias si se comprueba que los hechos que fundamentaron la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento o violaciones al debido proceso. La segunda causal se relaciona con la identificación de violaciones a los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta última propuesta ha levantado alarmas, ya que se considera que los comités de derechos humanos no tienen el mismo peso que una corte internacional, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones erróneas y a un uso indebido de estas causales.
El debate sobre estas reformas ha estado marcado por la polarización política. La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que ahora tiene el control de la Comisión de Justicia, ha manifestado su oposición a las reformas propuestas por el correísmo. En una reciente votación, ADN se pronunció en contra de la propuesta de Fernando Cedeño, quien había sugerido que la votación se realizara en bloques. Este desacuerdo ha llevado a que la discusión se prolongue, y la falta de consenso ha sido evidente en las sesiones legislativas.
Uno de los argumentos más fuertes en contra de las reformas es que podrían beneficiar al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de prisión por el caso Sobornos. Varios sectores políticos han expresado su preocupación de que estas reformas sean vistas como un intento de favorecer a Correa y a otros miembros del correísmo. La Fiscalía, por su parte, ha calificado las reformas como un ‘mamotreto’ y ha advertido sobre las posibles consecuencias negativas que podrían derivarse de su aprobación.
El 20 de agosto de 2025, Cedeño lamentó que la propuesta no haya sido acogida nuevamente y que regresara a la Comisión de Justicia para ser modificada. Afirmó que la falta de consenso se debe a un “odio” hacia el correísmo y negó que las reformas sean diseñadas para beneficiar a condenados específicos. Sin embargo, reconoció que, si se aprueban, cualquier persona que considere que no tuvo un proceso penal justo podría beneficiarse de estas modificaciones.
La cercanía de una consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa también ha influido en el debate. En esta consulta, se planteó la posibilidad de endurecer las penas para ciertos delitos, lo que podría hacer que algunos de los artículos incluidos en la reforma al COIP de Cedeño sean eliminados, ya que proponen medidas similares. Este contexto ha complicado aún más la situación, ya que los asambleístas deben considerar no solo las reformas al COIP, sino también las implicaciones de la consulta popular en su votación.
La falta de consenso en la Asamblea Nacional refleja una crisis más profunda en el sistema político ecuatoriano. Las reformas al Código Penal no son solo un asunto legislativo; son un reflejo de las tensiones políticas que han marcado al país en los últimos años. La polarización entre las diferentes fuerzas políticas ha dificultado la creación de un marco legal que responda a las necesidades de justicia y seguridad de la población.
A medida que el debate continúa, es evidente que las reformas al COIP seguirán siendo un tema candente en la agenda política de Ecuador. La necesidad de un sistema judicial justo y equitativo es más urgente que nunca, y la forma en que se manejen estas reformas podría tener un impacto duradero en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La Asamblea Nacional enfrenta el desafío de encontrar un camino hacia adelante que no solo aborde las preocupaciones sobre la justicia penal, sino que también fomente un diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas del país.
