La problemática de los accidentes de tránsito en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en lo que respecta al uso del celular mientras se conduce. En 2024, se registraron aproximadamente 4.861 accidentes relacionados con esta distracción, lo que representa un 23% del total de siniestros en el país. Ante esta situación, la Asamblea Nacional ha decidido retomar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busca endurecer las sanciones para quienes utilicen dispositivos móviles al volante.
### Contexto de la Reforma
La recategorización de contravenciones en el COIP ha estado en espera durante tres años, a pesar de las recomendaciones incluidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En una reciente sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, se discutió la necesidad urgente de abordar esta problemática, especialmente después de que se reportaran cerca de 5.000 lesionados y fallecidos en accidentes de tránsito en 2024. La intención es que antes de finalizar el año se apruebe el proyecto, que incluye 14 artículos reformatorios y una disposición transitoria.
El debate en la Asamblea, que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2025, fue notable por su armonía entre las diferentes bancadas, aunque algunos legisladores expresaron su preocupación por la corrupción en las entidades encargadas del control del tránsito. La propuesta de reforma no solo busca sancionar el uso del celular, sino también revisar otras infracciones como el uso de llantas en mal estado, la falta de cascos y cinturones de seguridad, y el exceso de pasajeros.
### Cambios Propuestos en las Sanciones
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la reclasificación del uso del celular al volante, que pasaría de ser una infracción de sexta clase a una de primera clase. Esto implica que las sanciones serían mucho más severas, con multas que podrían alcanzar el 30% de un salario básico y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Esta medida busca disuadir a los conductores de utilizar sus teléfonos móviles mientras están al volante, una práctica que ha demostrado ser extremadamente peligrosa.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha identificado el uso del celular como una de las principales causas de accidentes, superando incluso al exceso de velocidad. Hasta julio de 2025, se reportaron 11.472 accidentes, de los cuales 2.603 estaban relacionados con la falta de atención, siendo el uso del celular el principal factor. Esta tendencia ha llevado a los legisladores a considerar la urgencia de implementar cambios significativos en la legislación para proteger a los ciudadanos.
Además de la sanción por el uso del celular, la reforma también contempla la ocupación de veredas y zonas exclusivas para peatones por parte de bicicletas y motocicletas, que se clasificaría como una infracción de cuarta clase. Esto refleja un enfoque integral para mejorar la seguridad vial en el país, abordando no solo el uso del celular, sino también otras prácticas que ponen en riesgo a los peatones y a otros conductores.
La propuesta de reforma ha generado un amplio debate en la sociedad civil, donde diversas organizaciones han expresado su apoyo a las medidas que buscan reducir los accidentes de tránsito. Sin embargo, también han surgido preocupaciones sobre la implementación efectiva de estas sanciones y la necesidad de un control más riguroso por parte de las autoridades de tránsito.
La discusión sobre la reforma al COIP es un reflejo de la creciente preocupación por la seguridad vial en Ecuador. Con un número creciente de accidentes y muertes en las carreteras, es imperativo que se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis. La reforma propuesta no solo busca sancionar a los infractores, sino también crear una cultura de responsabilidad entre los conductores, fomentando un cambio en la forma en que se percibe el uso del celular al volante.
El camino hacia la aprobación de estas reformas no está exento de desafíos. La resistencia de algunos sectores y la necesidad de un consenso político son factores que podrían influir en el avance del proyecto. Sin embargo, la presión de la sociedad civil y la creciente conciencia sobre la importancia de la seguridad vial podrían ser determinantes para que estas reformas se conviertan en una realidad en el corto plazo. La Asamblea Nacional tiene la oportunidad de marcar un hito en la legislación ecuatoriana, priorizando la vida y la seguridad de los ciudadanos en las carreteras del país.
