La reciente marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en Quito, el 12 de agosto de 2025, ha generado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Este evento, que se llevó a cabo en los exteriores de la Corte Constitucional, ha sido interpretado por muchos como un ataque a la independencia judicial del país. La movilización se centró en la suspensión de 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, lo que ha suscitado un debate intenso sobre el papel de la Corte y la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial.
La marcha, que incluyó la presencia de una tanqueta militar, fue vista por muchos como un acto de intimidación hacia los jueces de la Corte Constitucional. Durante la jornada, se exhibieron pancartas y vallas con los rostros de los nueve magistrados, lo que fue calificado por la Corte como un acto de «estigmatización» que pone en riesgo la seguridad de sus miembros. Esta situación ha llevado a diversas organizaciones y organismos internacionales a pronunciarse en defensa de la independencia judicial y en contra de lo que consideran un ataque directo a la institucionalidad del país.
**Pronunciamientos de Organismos Internacionales**
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue una de las primeras en expresar su preocupación. A través de sus redes sociales, la CIDH destacó que los actos y discursos que amenazan la labor de los jueces de la Corte Constitucional son inaceptables. En su mensaje, la CIDH subrayó que la marcha convocada por el Gobierno se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte. La CIDH enfatizó que estos hostigamientos no solo amenazan la independencia judicial, sino también las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad de quienes trabajan en la Corte.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también se pronunció sobre el tema, calificando de «inaceptables» los ataques contra la Corte Constitucional. Türk hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la independencia del organismo y la seguridad de sus jueces y personal. Este mensaje fue replicado por la oficina regional de la ONU para América del Sur, lo que subraya la preocupación internacional por la situación en Ecuador.
Human Rights Watch, a través de su directora de la División de las Américas, Juanita Goebertus, también rechazó las declaraciones estigmatizantes del Gobierno y alertó sobre el riesgo que implican las vallas con los rostros de los jueces. Goebertus recordó que la independencia judicial es fundamental para el Estado de derecho y pidió que no se ponga en riesgo la labor de la Corte.
**Reacciones Nacionales y el Contexto Político**
A nivel nacional, la marcha ha generado reacciones diversas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, expresó su «profunda preocupación» por las acciones que afectan la institucionalidad del país. Suing recordó que la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales son pilares del Estado de derecho, y respaldó a la Corte Constitucional como garante de la supremacía constitucional.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) también se pronunció, rechazando lo que consideran «ataques mediáticos» contra la Corte. En su comunicado, la AEMAJ enfatizó que la independencia judicial es una garantía de democracia, paz social y derechos para todos, exigiendo respeto y rechazo a toda presión o desprestigio.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó la exhibición de los jueces como un acto de amedrentamiento propio de regímenes autoritarios. La organización denunció que la ofensiva busca condicionar las decisiones de la Corte y advirtió que la inseguridad no puede ser utilizada para imponer una agenda política contraria al orden constitucional.
En este contexto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó la marcha como un «eco débil» frente a la fuerza de la democracia, defendiendo que la Constitución se fortalece con una ciudadanía vigilante y no con «shows políticos». Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó su preocupación ante los ataques a la independencia judicial, recordando que los jueces no deben recibir presiones políticas ni represalias, ya que son garantes de la justicia.
La situación en Ecuador refleja un momento crítico en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial, donde la independencia de la Corte Constitucional se encuentra en el centro del debate público. Las reacciones tanto a nivel nacional como internacional indican que la defensa de la independencia judicial es un tema que trasciende fronteras y que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país.
