La reciente crisis en Ibarra, provocada por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha llevado a la Asamblea Nacional a tomar medidas drásticas. En una sesión celebrada el 1 de octubre de 2025, la mayoría oficialista aprobó dos resoluciones que condenan los actos de violencia y los daños a la infraestructura pública, específicamente a la red de agua potable de la ciudad. Este evento ha generado un intenso debate entre los diferentes sectores políticos del país, reflejando la polarización existente en la sociedad ecuatoriana.
La primera resolución, que recibió 76 votos a favor de un total de 143 asambleístas presentes, expresa un rechazo categórico a la violencia y a los ataques a bienes públicos. La moción fue presentada por Fernando Jaramillo, asambleísta de la bancada ADN, quien enfatizó la necesidad de proteger la paz social y la convivencia democrática. Sin embargo, la votación no fue unánime; varios legisladores de Pachakutik y de la Revolución Ciudadana se opusieron, argumentando que la resolución no abordaba adecuadamente la situación de los pueblos indígenas y sus derechos.
Durante el debate, se escucharon voces críticas que cuestionaron la falta de sensibilidad hacia las víctimas del conflicto. Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), destacó la omisión de mencionar la muerte de un comunero indígena durante las protestas, sugiriendo que el enfoque de la resolución era insuficiente para abordar la complejidad del conflicto. La situación en Ibarra ha puesto de manifiesto la tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas, quienes han expresado su descontento por la falta de diálogo y la violencia que ha caracterizado las manifestaciones.
### La Respuesta del Gobierno y el Sector Productivo
La segunda resolución aprobada por la Asamblea busca respaldar al sector productivo, que ha sido gravemente afectado por las manifestaciones. Presentada por Nathaly Morillo, también de la bancada oficialista ADN, esta moción recibió 80 votos a favor y 61 en contra. En ella se reconoce la importancia del sector productivo para la economía del país y se expresa solidaridad con los trabajadores y productores que han sufrido pérdidas significativas debido a los bloqueos y la violencia.
Morillo argumentó que el país no puede permitirse más paralizaciones, ya que esto debilita la democracia y afecta la economía nacional. Según sus estimaciones, las pérdidas para el erario nacional superan los 142 millones de dólares, lo que subraya la gravedad de la situación. La resolución también incluye un llamado a la paz y a la normalización de las actividades productivas, enfatizando la necesidad de un compromiso entre el gobierno y la ciudadanía para evitar futuros conflictos.
El respaldo a los floricultores y otros sectores productivos es un intento de la Asamblea por mostrar que se está tomando en cuenta la situación económica del país, al tiempo que se condena la violencia. Sin embargo, la polarización política sigue siendo un obstáculo para alcanzar un consenso que permita abordar las demandas de las comunidades indígenas y garantizar la paz social.
### La Polarización Política y sus Implicaciones
La situación en Ibarra y las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional reflejan la profunda polarización política que atraviesa Ecuador. La división entre los diferentes bloques legislativos se ha intensificado, y cada uno parece tener su propia agenda en relación con el conflicto. Mientras que el oficialismo busca consolidar su poder y responder a las demandas de los sectores productivos, la oposición, en particular los representantes de Pachakutik y la Revolución Ciudadana, abogan por un enfoque más inclusivo que considere las necesidades y derechos de las comunidades indígenas.
La falta de un diálogo efectivo entre el gobierno y las comunidades ha llevado a un ciclo de violencia y desconfianza. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea, aunque son un paso hacia la condena de la violencia, no abordan de manera integral las causas subyacentes del conflicto. La percepción de que las decisiones políticas están más alineadas con los intereses de ciertos sectores económicos que con los derechos de los pueblos indígenas ha alimentado aún más la frustración y el descontento.
En este contexto, es crucial que se establezcan canales de comunicación y diálogo que permitan abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas. La situación en Ibarra es un recordatorio de que la paz social y la estabilidad política requieren un compromiso genuino por parte de todos los actores políticos y sociales. Sin un enfoque inclusivo y respetuoso hacia las demandas de las comunidades indígenas, es probable que la violencia y la polarización continúen marcando la agenda política de Ecuador.
