La reciente decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar el subsidio al diésel ha desencadenado una serie de protestas y cierres viales en diversas provincias del país. Esta medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, ha generado un fuerte descontento entre los transportistas y organizaciones sociales, quienes argumentan que afectará gravemente a la economía de los ciudadanos y al costo de vida en general.
**Impacto del Fin del Subsidio al Diésel**
El subsidio al diésel ha sido una herramienta clave para mantener los precios del transporte y, por ende, de los productos básicos en Ecuador. Con su eliminación, el precio del diésel ha aumentado hasta los USD 2,80 por galón, lo que ha llevado a los transportistas a manifestarse en varias regiones del país. En Carchi, por ejemplo, los transportistas bloquearon las vías desde la tarde del domingo, lo que resultó en cierres en varias rutas importantes, incluyendo la Panamericana Sur.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que se han producido detenciones en Carchi debido a la incitación a la violencia durante las protestas. A pesar de que en Pichincha se suspendió el paro de transportistas y la circulación vehicular se normalizó, la situación en Carchi y otras provincias sigue siendo tensa. Organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han anunciado movilizaciones para los próximos días, lo que sugiere que las protestas podrían intensificarse.
Las manifestaciones no solo se limitan a Carchi. En Quito, se reportaron cierres en la Panamericana Norte y la avenida Simón Bolívar, mientras que en Cuenca, los transportistas realizaron una marcha por el centro de la ciudad. En Azuay, aunque no se registraron cierres, los transportistas entregaron un manifiesto al Gobierno en rechazo a la medida. La situación ha llevado a largas esperas en las paradas de buses en Guayaquil, donde los ciudadanos han reportado demoras de hasta dos horas para abordar el transporte público.
**Reacciones del Gobierno y la Oposición**
El Gobierno de Daniel Noboa ha adoptado una postura firme frente a las protestas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, advirtió que no habrá espacio para la negociación bajo presiones y que se aplicará una «mano dura» contra la especulación de precios. Esta postura ha generado críticas por parte de la oposición, que ha anunciado un proceso de fiscalización al Gobierno desde la Asamblea. La bancada del correísmo ha cuestionado no solo la decisión de eliminar el subsidio, sino también la forma en que se ha llevado a cabo esta medida, argumentando que responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Viviana Veloz, legisladora correísta, ha señalado que la eliminación del subsidio al diésel es parte de una «receta impuesta» que afecta a sectores vulnerables, como la salud y la educación. Además, han solicitado que se suspendan los decretos que eliminan el subsidio hasta que se realice un diálogo amplio con todos los involucrados. Esta situación ha puesto de manifiesto la polarización política en el país y la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición.
Las organizaciones sociales, por su parte, han convocado a movilizaciones permanentes en contra del Gobierno. Edwin Bedoya, presidente del FUT, ha anunciado que habrá plantones y movilizaciones el 17 y 18 de septiembre, así como una marcha adicional el 23 de septiembre. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también ha manifestado su intención de unirse a estas movilizaciones, lo que podría aumentar la presión sobre el Gobierno en los próximos días.
**Situación Actual y Perspectivas**
A medida que las protestas continúan, la situación en Ecuador se torna cada vez más incierta. Los cierres de vías y las manifestaciones han afectado la movilidad y el transporte en varias provincias, generando un clima de tensión y descontento social. La respuesta del Gobierno, que ha sido calificada de dura y poco conciliadora, podría exacerbar aún más la situación.
Los ciudadanos, que ya enfrentan un aumento en el costo de vida debido a la eliminación del subsidio, se encuentran en una encrucijada. La falta de diálogo y la polarización política podrían llevar a un aumento en la conflictividad social, lo que afectaría no solo a los transportistas, sino a toda la población ecuatoriana. En este contexto, es crucial que se busquen soluciones que permitan abordar las preocupaciones de los ciudadanos y evitar un mayor deterioro de la situación económica y social en el país.
