Las recientes protestas en Ecuador han puesto de manifiesto la tensión social y política que se vive en el país. A partir del 16 de septiembre de 2025, la eliminación del subsidio al diésel ha desencadenado una ola de movilizaciones que han involucrado a diversos sectores de la población. El gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción en varias provincias, lo que ha intensificado el clima de incertidumbre y descontento.
**El Estado de Excepción y las Reacciones del Gobierno**
El 16 de septiembre, el presidente Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias, incluyendo Azuay, Pichincha y Cotopaxi. Esta medida, que se extenderá por 60 días, busca controlar la grave conmoción interna provocada por las protestas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha afirmado que se han presentado denuncias contra los líderes de las movilizaciones, a quienes se les acusa de incitar a la violencia y de paralizar servicios públicos. Rovira destacó que estas acciones no se dirigen contra la ciudadanía en general, sino contra aquellos que buscan beneficiarse de la situación.
La respuesta del gobierno ha sido clara: se busca mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, esta postura ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y comunitarias que consideran que la eliminación del subsidio al diésel afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha exigido la derogatoria del decreto 126, que consideran perjudicial para el pueblo ecuatoriano.
**Movilizaciones y la Resistencia Social**
Las protestas han sido convocadas por diferentes grupos, entre ellos el Pueblo Kayambi, que ha decidido paralizar sus actividades cotidianas en señal de rechazo a las políticas del gobierno. Esta organización ha manifestado su apoyo a las movilizaciones nacionales y ha exigido la derogatoria de los decretos que eliminan el subsidio al diésel. En una asamblea general, se resolvió que el territorio del Pueblo Kayambi incluye regiones clave como Otavalo y el Distrito Metropolitano de Quito.
En Quito, las manifestaciones han tomado diversas formas, incluyendo bloqueos de vías y reuniones de transporte escolar en la avenida De los Shyris. Aunque algunos testigos han informado que no se observaron consignas en contra del gobierno, la presencia de los vehículos ha sido un símbolo de la resistencia social. La situación se ha vuelto tensa, especialmente en la Panamericana Norte, donde los manifestantes han cerrado la vía, lo que ha llevado a un despliegue policial para despejar el área.
Las protestas no solo se limitan a la eliminación del subsidio al diésel; también han surgido en respuesta a la oposición a proyectos mineros, como el de Loma Larga en Cuenca. Los ciudadanos han expresado su preocupación por el impacto ambiental y social de estas iniciativas, lo que ha llevado a una movilización significativa en la región.
**El Contexto Económico y Social**
La eliminación del subsidio al diésel se enmarca en un contexto económico complicado para Ecuador. La deuda externa y las políticas de austeridad han generado un clima de descontento que se ha traducido en protestas. La población más afectada por estas medidas son los sectores de bajos ingresos, que dependen del transporte público y de los precios accesibles de los combustibles para su subsistencia.
El gobierno ha argumentado que la eliminación del subsidio es necesaria para sanear las finanzas del país y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, muchos ciudadanos sienten que estas decisiones se toman sin considerar las consecuencias para la población más vulnerable. La falta de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales ha exacerbado la situación, creando un ambiente de desconfianza y polarización.
**El Futuro de las Protestas**
A medida que las protestas continúan, la pregunta que queda en el aire es cómo responderá el gobierno a las demandas de la población. La presión social está en aumento, y las organizaciones indígenas y sociales han dejado claro que no se detendrán hasta que se escuchen sus voces. La situación en Ecuador es un recordatorio de que las decisiones políticas tienen un impacto directo en la vida de las personas y que la lucha por la justicia social es un tema que sigue vigente en el país.
Las movilizaciones en Ecuador son un reflejo de un descontento más amplio que se vive en América Latina, donde las políticas económicas y sociales a menudo chocan con las necesidades de la población. La capacidad del gobierno para manejar esta crisis será crucial no solo para la estabilidad del país, sino también para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
