Las recientes protestas en Ecuador han captado la atención nacional e internacional, especialmente tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado un fuerte descontento entre diversos sectores de la población. Desde el 15 de septiembre de 2025, el país ha sido escenario de manifestaciones masivas, bloqueos de vías y una creciente tensión entre el gobierno y los grupos sociales que se oponen a esta decisión. En este contexto, el gobierno de Daniel Noboa ha declarado el estado de excepción en varias provincias, lo que ha intensificado aún más la situación.
**Contexto de las Protestas**
La eliminación del subsidio al diésel ha sido un tema candente en la agenda política de Ecuador. Este subsidio era considerado vital por muchos, especialmente en un país donde el costo de vida ha ido en aumento y la economía enfrenta desafíos significativos. La decisión del gobierno de eliminarlo ha sido vista como un golpe directo a los sectores más vulnerables, que dependen del transporte público y de la agricultura, ambos fuertemente afectados por el aumento de los costos de combustible.
Las protestas comenzaron en la provincia de Carchi y rápidamente se extendieron a otras regiones, incluyendo Azuay, Pichincha y Cotopaxi. En Quito, se han reportado bloqueos en la Panamericana Norte, donde los manifestantes han exigido la derogación de los decretos que han llevado a esta eliminación. La Confederación del Pueblo Kayambi, un grupo indígena significativo, ha convocado a la paralización de actividades como una forma de resistencia a las políticas del gobierno.
La situación se ha vuelto más compleja con la declaración de estado de excepción, que permite al gobierno restringir ciertos derechos, incluyendo la libertad de reunión. Sin embargo, el gobierno ha enfatizado que esto no implica una prohibición total de las manifestaciones pacíficas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha afirmado que se han presentado denuncias contra los líderes de las protestas, a quienes se les acusa de incitar a la violencia y de bloquear servicios públicos.
**Reacciones de la Sociedad Civil**
La respuesta de la sociedad civil ha sido contundente. Organizaciones indígenas y sociales han unido fuerzas para protestar no solo contra la eliminación del subsidio al diésel, sino también contra otras políticas del gobierno que consideran perjudiciales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido una de las voces más críticas, exigiendo la derogatoria del decreto 126, que consideran que afecta a los sectores más empobrecidos del país.
Las manifestaciones han incluido marchas en ciudades como Cuenca, donde los ciudadanos han expresado su rechazo a proyectos mineros que consideran dañinos para el medio ambiente y la salud pública. La movilización en Cuenca se ha centrado en el proyecto Loma Larga, que ha sido objeto de controversia debido a sus implicaciones ambientales. Los manifestantes han hecho un llamado a la defensa del agua y de los recursos naturales, argumentando que la minería a gran escala pone en riesgo sus comunidades y su forma de vida.
El pueblo Kayambi, que ha convocado a la paralización de actividades, ha manifestado su apoyo a la Corte Constitucional y ha rechazado la consulta popular convocada por el gobierno. Este tipo de movilizaciones refleja un descontento más amplio con la administración de Noboa, que ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y por la falta de diálogo con los sectores sociales.
**El Futuro de las Protestas**
A medida que las protestas continúan, la incertidumbre sobre el futuro de la política económica en Ecuador se intensifica. La respuesta del gobierno, que incluye la identificación de “cabecillas” de las protestas y la presentación de denuncias, sugiere que la administración de Noboa está dispuesta a tomar medidas drásticas para controlar la situación. Sin embargo, esto podría resultar en un aumento de la tensión y en una escalada de las protestas, ya que los grupos sociales se sienten cada vez más marginados y desatendidos.
La situación en Ecuador es un reflejo de las luchas más amplias que enfrentan muchos países en América Latina, donde las políticas económicas a menudo chocan con las necesidades de las comunidades más vulnerables. La eliminación del subsidio al diésel no solo ha desatado una ola de protestas, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo más inclusivo y de políticas que realmente aborden las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. A medida que el país navega por estos tiempos difíciles, la capacidad del gobierno para gestionar la crisis y responder a las demandas de la ciudadanía será crucial para la estabilidad futura de Ecuador.
