El Gobierno de Perú ha tomado una postura firme en relación con el asilo político otorgado por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del país andino. En un comunicado emitido el 7 de noviembre de 2025, las autoridades peruanas anunciaron su intención de proponer una modificación a la Convención de Caracas de 1954, argumentando que el derecho al asilo ha sido tergiversado en los últimos años. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Perú y México, donde el asilo ha sido visto como una injerencia en los asuntos internos peruanos.
La controversia se centra en el hecho de que Betssy Chávez, quien enfrenta cargos de rebelión y conspiración, recibió asilo en México mientras se encuentra bajo juicio. El Gobierno peruano sostiene que la práctica actual del asilo se ha desnaturalizado, permitiendo que delitos comunes sean calificados como persecución política. Este argumento se basa en la interpretación de que la Convención de Caracas impide otorgar asilo a individuos procesados por delitos comunes, aunque deja a la discreción del Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito.
### La Propuesta de Modificación de la Convención de Caracas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha señalado que se iniciará un proceso de consultas con otros países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la modificación de la Convención de Caracas. El objetivo de esta propuesta es asegurar que el derecho al asilo se respete de manera adecuada y que no se utilice como un mecanismo para evadir la justicia. En el comunicado, se enfatiza que el Gobierno peruano solo tomará decisiones sobre el salvoconducto para que Chávez pueda salir del país una vez que se hayan completado las consultas.
Las autoridades peruanas han expresado su profundo malestar por lo que consideran un uso indebido del derecho al asilo. Según su análisis, ha habido una «evolución negativa» en la práctica internacional, donde se han calificado delitos comunes como casos de persecución política. Esta interpretación, según el Gobierno peruano, desvirtúa la esencia de la Convención y pone en riesgo la integridad del derecho internacional.
La situación de Betssy Chávez no es un caso aislado. Perú ha visto un patrón en el que varios exfuncionarios de gobiernos de izquierda en la región han buscado asilo en otros países, lo que ha llevado a tensiones diplomáticas. La postura de Perú es similar a la de Ecuador, que también ha criticado el asilo otorgado por México al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en una situación legal complicada en su país.
### Reacciones y Consecuencias Diplomáticas
La decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México ha generado un clima de tensión en la región. Desde principios de 2023, las relaciones entre ambos países ya estaban deterioradas, ya que México no reconocía la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo. Esta ruptura se ha visto agravada por la reciente decisión de México de otorgar asilo a Chávez, lo que Perú considera una injerencia en sus asuntos internos.
El Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido su decisión de otorgar asilo a Chávez, argumentando que se trata de un derecho humano fundamental. Sin embargo, las autoridades peruanas han rechazado esta interpretación, insistiendo en que Chávez no es una perseguida política, sino que está siendo juzgada por presuntos delitos. Esta diferencia de opiniones ha llevado a un punto muerto en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Además, la situación ha atraído la atención de otros actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones en la región. La administración estadounidense ha instado a ambos países a resolver sus diferencias a través del diálogo y la diplomacia, en lugar de recurrir a medidas unilaterales que podrían agravar la situación.
La propuesta de Perú para modificar la Convención de Caracas podría tener implicaciones significativas para el futuro del asilo político en América Latina. Si se logra un consenso entre los países miembros de la OEA, podría establecer un nuevo precedente en la interpretación y aplicación del derecho al asilo en la región. Sin embargo, la resistencia de algunos países a aceptar cambios en esta normativa podría complicar aún más el proceso.
En resumen, la situación actual entre Perú y México refleja las complejidades del derecho al asilo en un contexto político cambiante. La propuesta de Perú para modificar la Convención de Caracas es un intento de abordar lo que consideran abusos en la aplicación del asilo, pero también plantea preguntas sobre la soberanía y la intervención en los asuntos internos de los países. A medida que las consultas avanzan, será crucial observar cómo se desarrollan las dinámicas diplomáticas en la región y qué impacto tendrán estas decisiones en el futuro del asilo político en América Latina.
