La situación en Perú ha alcanzado un punto crítico, llevando al presidente interino José Jerí a declarar un estado de emergencia en Lima y Callao. Esta medida, anunciada el 21 de octubre de 2025, se implementa en respuesta a un aumento alarmante de la criminalidad y a la crisis política que atraviesa el país. Las fuerzas armadas han sido desplegadas en las calles para restaurar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
**Despliegue Militar y Operativos de Seguridad**
El estado de emergencia permite al gobierno restringir ciertos derechos, como el derecho a reunión, y militarizar las calles de las principales ciudades afectadas. Desde el 22 de octubre, los militares han comenzado a patrullar las calles de Lima, una acción que recuerda a las medidas adoptadas en otros países de la región, como Ecuador, donde se han implementado tácticas similares para combatir la delincuencia.
Durante las primeras horas de la implementación de esta medida, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo operativos que resultaron en la detención de decenas de individuos vinculados a bandas criminales. Además, se realizaron intervenciones en dos prisiones que enfrentan problemas de hacinamiento, donde se encontraron armas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos. El ministro de Justicia, Walter Martínez, destacó la importancia de estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes delictivas que operan en el país.
El presidente Jerí, acompañado por altos funcionarios de seguridad, supervisó el inicio de estas operaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho, una de las áreas más afectadas por la violencia. La Policía Nacional del Perú también ha lanzado un plan denominado ‘Destello’, que incluye la activación de unidades especiales para intensificar la lucha contra la delincuencia.
**Causas del Estado de Emergencia**
La declaración del estado de emergencia no es un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de creciente descontento social y protestas contra el gobierno. En las semanas previas, Lima fue escenario de paros de transportistas y movilizaciones masivas que exigían acciones efectivas para combatir el crimen organizado. Estas protestas, que han dejado un saldo de un muerto y más de 100 heridos, reflejan el malestar de la población ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
El descontento popular se intensificó tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida el 9 de octubre de 2025 por el Congreso. Su salida del poder dejó un vacío político que ha complicado aún más la situación en el país. La falta de un liderazgo claro y la incapacidad de las autoridades para abordar los problemas de seguridad han llevado a un aumento de la violencia y la criminalidad, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas drásticas.
El estado de emergencia es una herramienta que ha sido utilizada en varias ocasiones en Perú, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, su efectividad es cuestionada por muchos, quienes argumentan que estas medidas son solo soluciones temporales que no abordan las raíces del problema. La militarización de las calles puede ofrecer un alivio momentáneo, pero no resuelve las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad.
**Impacto en la Población**
La implementación del estado de emergencia ha generado una mezcla de reacciones entre la población. Por un lado, hay quienes apoyan la medida, argumentando que es necesaria para restaurar el orden y la seguridad en las calles. Por otro lado, hay un creciente temor entre los ciudadanos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener en la vida cotidiana de los ciudadanos. La restricción de derechos fundamentales, como la libertad de reunión y expresión, puede llevar a un clima de miedo y represión, lo que podría agravar aún más la situación social y política en el país.
La situación en Perú es un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchos países de la región en su lucha contra la criminalidad y la violencia. La respuesta del gobierno, aunque necesaria en el corto plazo, debe ir acompañada de un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia y busque soluciones sostenibles a largo plazo. La población espera que las autoridades no solo actúen para restaurar la seguridad, sino que también trabajen para construir un futuro más pacífico y justo para todos los peruanos.
