La reciente intervención en la cárcel El Inca, ubicada en Quito, ha puesto de manifiesto la creciente problemática de la delincuencia y el narcotráfico en el sistema penitenciario ecuatoriano. El operativo, llevado a cabo el 23 de agosto de 2025, involucró a 200 efectivos militares y tuvo como objetivo principal desmantelar las redes de tráfico de drogas y otros ilícitos que operan dentro de este centro de privación de libertad.
### Descripción del Operativo
El operativo fue meticulosamente planificado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes utilizaron equipamiento táctico y armamento para garantizar la seguridad durante la intervención. Se revisaron exhaustivamente los pabellones, celdas, muros y pertenencias personales de los internos, lo que permitió un decomiso significativo de objetos prohibidos. Entre los hallazgos se encontraron 153 dosis de sustancias narcóticas de diferentes colores, 102 teléfonos celulares, 60 cargadores, y una variedad de otros artículos que no deberían estar en posesión de los reclusos.
La intervención no solo se centró en la incautación de drogas, sino que también buscó desarticular las operaciones que facilitan la comunicación entre los internos y el exterior, lo que a menudo resulta en la continuación de actividades delictivas desde dentro de la cárcel. La cantidad de celulares confiscados es un claro indicador de la magnitud del problema, ya que estos dispositivos son frecuentemente utilizados para coordinar actividades ilegales.
### Impacto en la Seguridad Ciudadana
El Ejército Ecuatoriano ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y el control penitenciario, como se evidenció en sus declaraciones a través de redes sociales. Este tipo de operativos son esenciales para restaurar el orden en las cárceles, que han sido históricamente un caldo de cultivo para la violencia y el crimen organizado. La situación en las cárceles ecuatorianas ha sido crítica, con un aumento en los enfrentamientos entre bandas rivales y un número alarmante de asesinatos dentro de los recintos penitenciarios.
La intervención en El Inca se produce en un contexto donde la violencia en el país ha escalado, reflejada en incidentes recientes como el asesinato de cinco personas en la parroquia Crucita, en Portoviejo. Estos eventos subrayan la necesidad urgente de medidas más efectivas para combatir la delincuencia y el narcotráfico, no solo dentro de las cárceles, sino en toda la sociedad ecuatoriana.
El decomiso de objetos prohibidos y drogas es un paso positivo hacia la mejora de la seguridad en las cárceles, pero también plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas penitenciarias actuales. La falta de control y la corrupción dentro del sistema han permitido que los reclusos mantengan acceso a bienes que facilitan la continuidad de sus actividades delictivas.
Las Fuerzas Armadas han enfatizado que este tipo de operativos serán recurrentes, buscando no solo desmantelar las redes de narcotráfico, sino también enviar un mensaje claro a los delincuentes de que la seguridad y el orden serán restaurados en el país. La participación activa del Ejército en la seguridad penitenciaria es un reflejo de la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La intervención ha generado diversas reacciones en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, muchos ciudadanos ven con buenos ojos la acción del Ejército, considerando que es un paso necesario para recuperar el control en las cárceles y reducir la violencia en el país. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública y el impacto que esto puede tener en los derechos humanos de los internos.
Expertos en criminología y derechos humanos han señalado que, aunque los operativos son necesarios, deben ser acompañados de reformas estructurales en el sistema penitenciario. Esto incluye mejorar las condiciones de vida de los reclusos, ofrecer programas de rehabilitación y reintegración, y garantizar que los derechos de los internos sean respetados.
El futuro de la seguridad en Ecuador dependerá de la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que aborden las raíces del problema del narcotráfico y la delincuencia. La intervención en la cárcel El Inca es solo un primer paso en un camino que requerirá un enfoque integral y sostenido para lograr resultados duraderos en la lucha contra el crimen organizado.
