La reciente conformación del nuevo Consejo de la Judicatura en Ecuador ha generado un ambiente de expectativa y controversia. Desde su instalación, el consejo ha tomado decisiones que han suscitado críticas y cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial. En este contexto, la elección de diez nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia se convierte en un tema central que podría definir el futuro de la justicia en el país.
### La Nueva Judicatura y sus Primeras Decisiones
El nuevo Consejo de la Judicatura, que asumió funciones hace apenas 12 días, ha tomado cuatro resoluciones, todas aprobadas por unanimidad. Sin embargo, la primera de estas decisiones, que fue la designación de Carlos Alarcón como fiscal General subrogante, ha sido objeto de controversia. Alarcón, quien ha estado involucrado en casos que tienen conexiones directas con el presidente Daniel Noboa, ha generado dudas sobre su imparcialidad y la posible influencia política en su nombramiento.
Wilson Toainga, quien asumió la Fiscalía General del Estado el 20 de mayo de 2025, se encuentra en un limbo administrativo mientras espera que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) designe a su sucesor. En este contexto, la consulta de Toainga a la Procuraduría General del Estado sobre quién debería asumir su cargo en caso de ausencia, se da justo en un momento en que el nuevo Consejo de la Judicatura acaba de ser posesionado. La designación de Alarcón, que se produjo el 3 de octubre de 2025, ha sido vista como un movimiento estratégico que podría estar alineado con los intereses del gobierno actual.
Los vocales del Consejo de la Judicatura, encabezados por Mario Godoy, han sido criticados por su cercanía con el gobierno de Noboa. Godoy, quien ha sido señalado por su relación con el presidente, ahora tiene la responsabilidad de nombrar a diez jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que ha estado estancado desde hace tiempo. La falta de un reglamento adecuado para este concurso ha llevado a la inacción, lo que podría tener repercusiones graves en la administración de justicia en el país.
### La Influencia Política en la Justicia
La preocupación por la influencia política en la Judicatura no es nueva, pero la reciente designación de Alarcón ha reavivado el debate sobre la independencia del sistema judicial en Ecuador. La relación entre el presidente Noboa y Alarcón se ha vuelto un punto de discusión, especialmente considerando que Alarcón ha estado involucrado en casos que afectan a personas cercanas al mandatario. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad del nuevo fiscal para actuar de manera imparcial y objetiva.
Uno de los casos más destacados en los que Alarcón ha estado involucrado es el denominado «Caso Nene», donde se investiga a Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, por tráfico de influencias. Este caso es particularmente sensible, dado que Noboa ha tenido conflictos políticos con Abad. Además, Alarcón también está a cargo de la investigación sobre la licitación de un seguro para Petroecuador, en la que uno de los involucrados es Federico Goldbaum, excuñado de Noboa. Estas conexiones han llevado a muchos a cuestionar si la justicia en Ecuador está siendo utilizada como un instrumento político.
La falta de nombramientos de jueces especializados en derechos constitucionales también es un tema que preocupa a los ciudadanos. A pesar de que en una consulta popular se aprobó la creación de nuevas unidades judiciales, el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con los plazos establecidos para implementar estas reformas. Esto no solo refleja una ineficiencia administrativa, sino que también pone en evidencia la falta de compromiso del nuevo consejo para abordar los problemas estructurales que enfrenta el sistema judicial.
La situación actual de la Judicatura ecuatoriana es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y justicia. La influencia política en la designación de jueces y fiscales, así como la falta de acción en la implementación de reformas necesarias, son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia. La independencia del sistema judicial es fundamental para garantizar el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país. Sin embargo, con el nuevo Consejo de la Judicatura en funciones, la pregunta que queda es si realmente se podrá lograr una justicia imparcial y efectiva en Ecuador.
