La reciente propuesta de ley enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional de Ecuador ha generado un amplio debate en torno a la regulación de las fundaciones y su impacto en la economía del país. Esta iniciativa, conocida como la «Ley de Transparencia Social», busca establecer un marco normativo que permita un mayor control sobre las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) y su funcionamiento en el país. En este contexto, es fundamental analizar los aspectos más relevantes de esta ley y las reformas que se han incluido en su texto.
### Regulación de Fundaciones y Supervisión Financiera
La Ley de Transparencia Social tiene como objetivo principal promover la transparencia en las fundaciones que operan en Ecuador. Según el informe que se votará en la Asamblea, se propone clasificar a estas organizaciones según su nivel de riesgo, lo que permitirá a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisar sus actividades de manera más efectiva. Esta supervisión incluirá la obligación de las fundaciones de proporcionar información clara y accesible sobre su estructura organizativa, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la facultad otorgada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para revisar las finanzas de los funcionarios públicos que dejen el gobierno. Esta medida busca prevenir la corrupción y el lavado de activos, permitiendo que la UAFE analice las finanzas de las máximas autoridades de las entidades públicas, así como de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Esta acción se justifica en la necesidad de garantizar que los funcionarios públicos actúen con integridad y transparencia durante y después de su mandato.
Además, la ley contempla la inmovilización excepcional de fondos en el sistema financiero cuando se detecten operaciones sospechosas. Esto significa que, si la UAFE identifica una actividad que podría estar vinculada a delitos financieros, podrá congelar los fondos involucrados, lo que representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
### Reformas Normativas y su Alcance
La propuesta de ley no solo se limita a la regulación de las fundaciones, sino que también incluye reformas a otras normativas que podrían tener un impacto considerable en diversos sectores. Por ejemplo, se plantean modificaciones a la Ley de Economía Popular y Solidaria y a la Ley de Participación Ciudadana, así como a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
Entre las reformas más relevantes se encuentra la modificación de los plazos de defensa y subsanación en caso de caducidad de derechos mineros. La propuesta reduce el tiempo que tienen los titulares de derechos mineros para presentar pruebas de cumplimiento de sus obligaciones, lo que podría generar un efecto inmediato en la industria minera del país. Este cambio busca agilizar los procesos administrativos y fomentar una mayor responsabilidad entre los concesionarios mineros.
Asimismo, se introducen disposiciones que exoneran a las instituciones públicas del pago de ciertos tributos, como el IVA y otros impuestos municipales, en transacciones relacionadas con bienes inmuebles. Esta medida tiene como objetivo facilitar la gestión de recursos en el sector público y promover la inversión en infraestructura.
En el ámbito tributario, la ley también incluye reformas que afectan la distribución de dividendos y utilidades por parte de las empresas. Se espera que estas modificaciones generen un aumento en la recaudación fiscal, con proyecciones que estiman ingresos adicionales de hasta 545 millones de dólares. Este aspecto es crucial para el gobierno, que busca fortalecer las finanzas públicas en un contexto de crisis económica.
### Implicaciones para el Futuro
La aprobación de la Ley de Transparencia Social y las reformas asociadas representa un cambio significativo en la forma en que se regulan las fundaciones y otras entidades en Ecuador. Si bien el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para combatir la corrupción y promover la transparencia, también existen preocupaciones sobre la posible burocratización de los procesos y el impacto que esto podría tener en la actividad de las OSSFL.
Los legisladores de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) necesitan obtener 77 votos para aprobar esta ley, lo que implica la necesidad de negociar con otras facciones políticas. La inclusión de reformas que no están directamente relacionadas con la propuesta central ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo.
En resumen, la Ley de Transparencia Social y las reformas asociadas son un reflejo de la voluntad del gobierno de fortalecer el marco normativo en Ecuador, pero también plantean desafíos significativos que deberán ser abordados para garantizar que se logren los objetivos de transparencia y control sin afectar negativamente a las organizaciones que desempeñan un papel crucial en la sociedad ecuatoriana.
