El Gobierno de Ecuador ha decidido dar un nuevo giro a su estrategia de consulta popular y referendo para el año 2025. En una reciente rueda de prensa, la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, anunció que se enviarán nuevas preguntas a la Corte Constitucional, luego de que cuatro de las propuestas iniciales no obtuvieran la aprobación necesaria. Este movimiento refleja la intención del Gobierno de seguir adelante con su agenda política, a pesar de los obstáculos legales que ha enfrentado.
La decisión de reformular las preguntas se produce en un contexto donde la Corte Constitucional ha sido criticada por su falta de conexión con las necesidades de la ciudadanía. Jaramillo expresó su descontento, afirmando que la Corte parece ignorar asuntos de alta relevancia para el país. Este desencuentro entre el Ejecutivo y el poder judicial ha generado un clima de incertidumbre, especialmente en un país que ha gastado más de 153 millones de dólares en consultas populares y referendos desde 2011.
### Contexto de la Consulta Popular y Referendo en Ecuador
La consulta popular y el referendo son herramientas democráticas que permiten a los ciudadanos participar en decisiones clave sobre la gobernanza del país. Sin embargo, la reciente experiencia del Gobierno de Daniel Noboa ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta al intentar implementar cambios significativos. Las cuatro preguntas que no fueron aprobadas por la Corte incluían propuestas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el juicio político a jueces de la Corte Constitucional, la legalización de los casinos y la introducción de la castración química obligatoria para delincuentes sexuales.
La negativa de la Corte a estas preguntas ha llevado al Gobierno a replantear su enfoque. Aunque Jaramillo no especificó los nuevos temas que se abordarán, sí mencionó que se está trabajando en una reformulación de los planteamientos. Esto sugiere que el Ejecutivo está buscando alternativas que puedan ser más aceptables para el organismo judicial, lo que podría facilitar su aprobación.
Además, la vocera del Gobierno ha dejado claro que la intención de eliminar el CPCCS sigue siendo una prioridad. Este consejo ha sido objeto de controversia y críticas, y su eliminación podría ser vista como un paso hacia una mayor transparencia y control en la gestión pública. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de esta propuesta sigue siendo incierto, dado el reciente rechazo por parte de la Corte.
### Implicaciones de la Nueva Estrategia del Gobierno
La decisión del Gobierno de enviar nuevas preguntas a la Corte Constitucional tiene varias implicaciones. En primer lugar, refleja una voluntad de diálogo y adaptación ante las circunstancias adversas. Al reformular las preguntas, el Ejecutivo está demostrando su compromiso con la participación ciudadana y su deseo de abordar las preocupaciones de la población.
Por otro lado, esta estrategia también podría ser vista como un intento de recuperar la confianza de los ciudadanos, quienes han expresado su descontento con la situación política actual. La percepción de que la Corte está desconectada de las necesidades del pueblo puede ser un factor que influya en la opinión pública, y el Gobierno podría estar buscando capitalizar esta situación al presentar nuevas propuestas que resuenen más con la ciudadanía.
Sin embargo, el éxito de esta nueva estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para comunicar efectivamente sus objetivos y de la receptividad de la Corte Constitucional. La relación entre el Ejecutivo y el poder judicial será crucial en los próximos meses, ya que cualquier desacuerdo podría llevar a un estancamiento en el proceso de consulta popular.
En resumen, el Gobierno de Ecuador se encuentra en una encrucijada. La decisión de enviar nuevas preguntas a la Corte Constitucional es un paso hacia adelante, pero también plantea desafíos significativos. La capacidad del Ejecutivo para navegar por este complejo panorama político determinará no solo el éxito de la consulta popular de 2025, sino también su legitimidad y apoyo entre la ciudadanía. A medida que se acerca la fecha de la consulta, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán las nuevas preguntas en el futuro político del país.
