El reciente Decreto 32 emitido por el presidente Daniel Noboa el 16 de junio de 2025, marca un cambio significativo en la política energética de Ecuador, permitiendo a las empresas privadas construir plantas termoeléctricas a gas natural de hasta 100 megavatios. Esta medida busca acelerar los trámites para la importación de gas natural y la construcción de estas plantas, lo que podría transformar el panorama energético del país.
### Cambios Normativos para la Construcción de Termoeléctricas
El nuevo reglamento modifica la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitiendo que las empresas privadas construyan termoeléctricas sin necesidad de pasar por un concurso público. Esta autorización directa del Ministerio de Energía es un paso importante para reducir los plazos de implementación de proyectos energéticos. Sin embargo, esta agilidad está condicionada a que los nuevos proyectos no compitan con las centrales ya planificadas en el Plan Maestro de Electricidad.
Nelson Jaramillo, representante de la empresa Sycar, ha destacado que esta reforma no solo facilita la construcción de plantas, sino que también ofrece incentivos económicos. Los proyectos de generación eléctrica a gas natural recibirán un “precio preferente” por la electricidad que generen, establecido por la Agencia de Regulación de Electricidad (Arconel). Además, estos generadores tendrán prioridad en el pago de tarifas por la electricidad vendida al Estado, lo que representa un atractivo considerable para los inversores.
Otro aspecto relevante del decreto es la posibilidad de que, durante un periodo de tres años, los nuevos proyectos de generación térmica utilicen diésel, residuo y fuel oil sin condiciones preferentes. Esto se permite siempre que las unidades de generación puedan operar con gas natural y otros combustibles líquidos. Este enfoque busca facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.
### Importación de Gas Natural: Un Proceso Ágil pero Desafiante
El decreto también introduce reformas al Reglamento de Operaciones de Gas Natural, con el objetivo de agilizar los tiempos para que las empresas puedan importar gas natural para autoconsumo y generación. Según las nuevas disposiciones, las autorizaciones para la importación de gas deberían obtenerse en un plazo de entre 30 a 60 días. Sin embargo, la implementación de esta normativa enfrenta desafíos significativos.
Jaramillo advierte que, aunque el proceso de autorización se ha simplificado, las empresas que deseen importar gas natural deben contar con la infraestructura necesaria, lo que puede llevar tiempo. Por ejemplo, para abastecer a una planta como Termogas Machala, que tiene una potencia instalada de 210 megavatios, se requieren 60 millones de pies cúbicos de gas. Sin embargo, el Campo Amistad solo puede proporcionar alrededor de 17 millones de pies cúbicos, lo que limita la capacidad de generación de la planta.
Gabriel Secaira, consultor eléctrico, enfatiza la necesidad de una importación masiva de gas natural para que la generación termoeléctrica sea rentable. Sin una demanda significativa, los pequeños generadores no podrán justificar los costos de traer gas para operar plantas de solo 100 megavatios. Esto plantea un reto importante para el gobierno y las empresas del sector energético, que deberán trabajar en conjunto para desarrollar la infraestructura necesaria y asegurar un suministro constante de gas natural.
La situación actual de la generación eléctrica en Ecuador es crítica, con cortes de luz frecuentes que afectan a la población y a la industria. La implementación de estas nuevas normativas podría ser un paso hacia la solución de estos problemas, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno y del sector privado para adaptarse a los cambios y superar los obstáculos existentes.
En resumen, el Decreto 32 representa un esfuerzo por parte del gobierno ecuatoriano para modernizar su sector energético y fomentar la inversión privada en la generación de electricidad. Las reformas propuestas tienen el potencial de transformar la matriz energética del país, pero también requieren un compromiso serio por parte de todos los actores involucrados para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.
