El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado un ambicioso proyecto de ley con carácter urgente, destinado a desarticular las economías criminales que han proliferado en el país. Este proyecto, que incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), busca abordar de manera efectiva el creciente problema de la violencia y el crimen organizado, especialmente en el contexto del conflicto armado interno que afecta a diversas regiones del país. La propuesta ha sido enviada a la Asamblea Nacional, donde se espera su aprobación en un plazo no mayor a 30 días.
### Contexto de la Propuesta
La situación de seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, entre enero y abril de los años 2022 a 2025, se ha observado un incremento sostenido en los homicidios intencionales. Este aumento ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para enfrentar la criminalidad y proteger a la ciudadanía.
El proyecto de ley de Noboa se centra en la necesidad de implementar sanciones más severas para los miembros de grupos armados organizados (GDO) y establecer mecanismos que permitan a las fuerzas de seguridad actuar con mayor eficacia. Entre las reformas propuestas se encuentran penas de prisión que oscilan entre 22 y 30 años para los integrantes y líderes de estos grupos, así como la posibilidad de allanar inmuebles sin necesidad de una orden judicial.
### Reformas Clave en el Código Orgánico Integral Penal
Las reformas propuestas por el presidente Noboa son diversas y abarcan varios aspectos críticos en la lucha contra el crimen organizado. A continuación, se detallan algunas de las más relevantes:
1. **Sanciones a miembros de GDO**: El artículo 139.1 establece penas de prisión de entre 22 y 26 años para los integrantes de grupos armados organizados, mientras que los líderes podrían enfrentar sanciones de hasta 30 años. Esta medida busca desincentivar la participación en actividades delictivas y debilitar la estructura de estos grupos.
2. **Uso de armas decomisadas**: El artículo 474.5 estipula que las armas, explosivos y municiones confiscados a los GDO serán utilizados por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Esto no solo optimiza los recursos disponibles para las fuerzas de seguridad, sino que también asegura que los materiales peligrosos no caigan nuevamente en manos criminales.
3. **Allanamientos sin orden judicial**: Con el artículo 482.1, se permite que las fuerzas de seguridad realicen allanamientos en propiedades vinculadas a GDO sin necesidad de una orden judicial previa. Sin embargo, se establece un control posterior por parte de un juez especializado, quien deberá recibir un informe en un plazo de 24 horas para verificar la legalidad de la acción.
4. **Detenciones para investigaciones**: El artículo 530.1 permite la detención de personas vinculadas a grupos delictivos por un periodo de 24 horas, con el fin de llevar a cabo investigaciones. Esta medida busca facilitar la captura de sospechosos y acelerar los procesos judiciales.
5. **Prisión preventiva**: En el artículo 534.1 se propone que aquellos que cometan delitos relacionados con el conflicto armado interno no puedan acceder a medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Esto tiene como objetivo garantizar que los acusados se presenten a los procesos judiciales y cumplan con las penas impuestas.
6. **Protección a policías**: El artículo 542.1 establece que los policías que sean investigados por acciones realizadas en el cumplimiento de su deber no estarán sujetos a prisión preventiva. Esto busca proteger a los agentes de la ley y permitirles continuar con sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.
7. **Procedimientos unificados para el juzgamiento de GDO**: El artículo 651.7 propone un procedimiento unificado para el juzgamiento de delitos cometidos durante un conflicto armado interno, con reglas específicas que buscan agilizar el proceso judicial y asegurar la efectividad de las audiencias.
El proyecto de ley de Daniel Noboa representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno ecuatoriano para abordar la creciente amenaza del crimen organizado y mejorar la seguridad en el país. Con la urgencia de su aprobación, se espera que estas reformas contribuyan a un entorno más seguro para todos los ciudadanos, al tiempo que se enfrentan de manera decidida las economías criminales que han afectado a Ecuador en los últimos años.
