El reciente reglamento a la Ley de Integridad Pública en Ecuador ha introducido cambios significativos en la forma en que se evalúa el desempeño de los servidores públicos. Esta nueva normativa, promulgada por el Presidente Daniel Noboa, permite al Ministerio de Trabajo iniciar evaluaciones de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia formal. Esta medida busca mejorar la eficiencia del Estado y responde a las exigencias de reducción de gasto acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
### Cambios en el Proceso de Evaluación
La implementación de estas evaluaciones de desempeño se enmarca dentro de un plan más amplio de reingeniería del Estado, que ha llevado a la eliminación de varios ministerios y la desvinculación de aproximadamente 5,000 funcionarios. Con la nueva normativa, el Ministerio de Trabajo podrá activar el mecanismo de evaluación laboral al identificar cualquier posible infracción o incumplimiento de las normas que rigen el sector público. Esto representa un cambio radical respecto a la situación anterior, donde solo se podía evaluar a un servidor público si existía una denuncia o solicitud formal.
Las evaluaciones se realizarán dos veces al año, a diferencia de la única evaluación anual que se llevaba a cabo anteriormente. Los parámetros de evaluación han sido ampliados a seis, que incluyen el cumplimiento de objetivos institucionales, la calidad del trabajo, la productividad, el trabajo en equipo, la innovación y la gestión de la integridad pública. Cada uno de estos aspectos será calificado por el Ministerio, lo que permitirá una evaluación más integral del desempeño de los funcionarios.
Los resultados de estas evaluaciones tendrán consecuencias directas en la carrera de los servidores públicos. Aquellos que obtengan calificaciones de «muy bueno» o «excelente» podrán acceder a ascensos y recategorizaciones. Los que sean considerados «satisfactorios» tendrán la oportunidad de participar en programas de formación. Sin embargo, aquellos que sean evaluados como «regulares» tendrán un plazo de tres meses para mejorar su desempeño, y si no lo logran, serán destituidos. Por último, los que obtengan una calificación de «insuficiente» serán separados de su cargo de manera inmediata, tras un sumario administrativo.
### Implicaciones para los Servidores Públicos
La implementación de estas evaluaciones de oficio ha generado un amplio debate en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, el Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el sector público. Sin embargo, muchos críticos sostienen que esta estrategia es una forma encubierta de cumplir con las exigencias del FMI, que ha presionado al país para reducir su gasto público.
La pre-evaluación, que comenzará en octubre de 2025, no tendrá fines sancionatorios, sino que servirá como un mecanismo informativo para los servidores públicos. Esto permitirá a los funcionarios tener una idea clara de su desempeño antes de que se apliquen las evaluaciones formales en 2026. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de muchos empleados públicos ha generado preocupación y ansiedad en el sector.
Además, la posibilidad de ser evaluado de oficio sin una denuncia previa puede ser vista como una amenaza para la estabilidad laboral de los funcionarios. La falta de un proceso claro y transparente para la evaluación del desempeño podría dar lugar a abusos y arbitrariedades en la aplicación de estas nuevas normas.
En este contexto, es fundamental que el Ministerio de Trabajo establezca criterios claros y objetivos para la evaluación de los servidores públicos. La transparencia en el proceso de evaluación y la comunicación efectiva de los resultados serán clave para generar confianza en el sistema y asegurar que las evaluaciones se realicen de manera justa y equitativa.
La implementación de estas evaluaciones de desempeño representa un cambio significativo en la gestión del sector público en Ecuador. A medida que el país avanza hacia la aplicación de estas nuevas normativas, será crucial observar cómo se desarrollan los procesos de evaluación y qué impacto tendrán en la eficiencia y efectividad del servicio público en el país.
