En un contexto donde la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha vuelto crucial, el gobierno ecuatoriano ha presentado un proyecto de ley que busca fortalecer el control sobre los flujos irregulares de capitales. Este proyecto, conocido como la Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, fue introducido en la Asamblea Nacional el 29 de julio de 2025 y propone medidas significativas para abordar estos delitos financieros.
### Medidas de Congelamiento de Fondos
Una de las principales características de esta nueva legislación es la capacidad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para ordenar el congelamiento inmediato de fondos en el sistema financiero. Esto se aplicará en casos donde existan indicios de operaciones sospechosas, como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o el fraude. La ley establece que los montos congelados deberán ser transferidos a una cuenta única administrada por el Estado en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma.
El proyecto también introduce una medida cautelar excepcional que permite la inmovilización inmediata de fondos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se manejan las operaciones sospechosas. Esta medida se aplicará proporcionalmente al riesgo detectado, limitándose al monto equivalente de la transacción inusual. Las entidades financieras tendrán un plazo de 72 horas para ejecutar el congelamiento de fondos, que tendrá una vigencia de ocho días calendario. Durante este tiempo, la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado deberá decidir sobre la ratificación, modificación o revocatoria de la medida.
Además, se establece que los fondos congelados deberán ser transferidos a la cuenta única del Estado en un plazo de cinco días, y esta transferencia tendrá un carácter temporal, bajo condiciones de custodia y reserva. Estas medidas buscan no solo prevenir el uso indebido de los fondos, sino también asegurar que el Estado tenga control sobre ellos mientras se investiga su origen.
### Reformas a la Ley de Prevención y Detección de Lavado de Activos
El proyecto de ley no solo se limita al congelamiento de fondos, sino que también incluye reformas a la Ley de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos. Estas reformas son esenciales para fortalecer el marco legal existente y mejorar la capacidad del Estado para combatir delitos financieros. La UAFE jugará un papel central en la implementación de estas reformas, ya que se le otorgarán mayores facultades para actuar de manera proactiva ante situaciones sospechosas.
La propuesta también contempla la creación de un sistema más robusto de supervisión y control sobre las entidades financieras y otras organizaciones que puedan estar involucradas en actividades ilícitas. Esto incluye un mayor escrutinio sobre las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que a menudo son utilizadas como vehículos para el lavado de dinero. El gobierno propone que estas entidades sean controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo que permitirá una supervisión más efectiva y la identificación de posibles irregularidades.
El enfoque integral que propone el proyecto de ley refleja la necesidad de un marco legal adaptado a las realidades actuales del crimen financiero. Con el aumento de la complejidad de las operaciones ilícitas, es fundamental que las leyes se actualicen para poder hacer frente a estos desafíos de manera efectiva. La colaboración entre diferentes entidades gubernamentales y la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo de transacciones serán clave para el éxito de estas iniciativas.
### Implicaciones para el Sistema Financiero
La implementación de esta ley tendrá un impacto significativo en el sistema financiero ecuatoriano. Las entidades bancarias y financieras deberán ajustar sus procedimientos internos para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar que están en conformidad con las exigencias de la UAFE. Esto podría implicar inversiones en tecnología y capacitación del personal para detectar y reportar actividades sospechosas de manera más eficiente.
Además, la ley podría influir en la percepción internacional de la estabilidad y la transparencia del sistema financiero ecuatoriano. Al adoptar medidas más estrictas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Ecuador podría mejorar su imagen ante organismos internacionales y potenciales inversores, lo que podría traducirse en un aumento de la inversión extranjera y un fortalecimiento de la economía nacional.
En resumen, el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales representa un paso importante en la lucha contra el crimen financiero en Ecuador. Con medidas que permiten el congelamiento inmediato de fondos y reformas a la legislación existente, el gobierno busca crear un entorno más seguro y transparente para las operaciones financieras en el país.
