La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha presentado un nuevo proyecto de Ley de Extradición que promete transformar el manejo de los prófugos en el país. Este proyecto, que fue enviado a la Asamblea el 13 de agosto de 2025, busca establecer un marco legal claro y eficiente para la extradición de ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el extranjero y que estén enfrentando cargos penales en su país de origen. La propuesta, que cuenta con 39 artículos y varias disposiciones, se fundamenta en la enmienda constitucional aprobada en abril de 2024, donde la ciudadanía se pronunció a favor de la extradición de connacionales.
### Aspectos Clave del Proyecto de Ley
El proyecto de ley establece que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia será la autoridad central en materia de extradiciones. Esto implica que todas las solicitudes de extradición deberán ser revisadas y aprobadas por esta figura, lo que centraliza el proceso y busca agilizarlo. Además, se creará una unidad técnica especializada dentro del Pleno de la Corte para manejar estos casos, lo que podría mejorar la eficiencia y la calidad de las decisiones tomadas.
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es que los jueces penales tendrán la obligación de solicitar la extradición de cualquier procesado que se encuentre prófugo, siempre que haya una sentencia condenatoria en firme o una prisión preventiva dictada. Esto significa que el Estado ecuatoriano podrá actuar de manera más proactiva en la búsqueda de fugitivos, lo que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la impunidad.
El proyecto también establece que la extradición se concederá preferentemente bajo el principio de reciprocidad, lo que significa que Ecuador podrá exigir garantías de que otros países también extraditarán a sus ciudadanos en situaciones similares. Esto es un cambio importante, ya que busca equilibrar las relaciones internacionales en materia de justicia penal.
### Procedimientos y Garantías
En cuanto a los procedimientos, la ley detalla que las solicitudes de extradición activas, es decir, aquellas que son solicitadas por Ecuador, deberán ser enviadas y aprobadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por otro lado, la extradición pasiva, que es cuando otros países solicitan a Ecuador la entrega de un ciudadano, podrá ser negada en casos de delitos de carácter político, aunque no se considerarán como tales los actos de terrorismo o crímenes contra la humanidad.
Las detenciones con fines de extradición se llevarán a cabo basándose en alertas de difusión roja emitidas por INTERPOL, lo que añade un nivel de seguridad y coordinación internacional al proceso. Además, se establecerán dos tipos de audiencias: una de comparecencia y otra oral, donde se decidirá sobre la extradición en un plazo de cinco días tras la audiencia. Esta rapidez en la toma de decisiones es crucial para evitar que los fugitivos se escapen o se oculten aún más.
Otro aspecto importante es que los gastos ocasionados por la extradición en territorio nacional serán asumidos por el Gobierno ecuatoriano, mientras que los costos de traslado correrán a cargo del Estado requirente. Esto es un punto a considerar, ya que podría influir en la decisión de otros países al solicitar extradiciones.
### Implicaciones para la Justicia en Ecuador
La implementación de esta nueva ley podría tener un impacto significativo en el sistema judicial ecuatoriano. Al establecer un marco más claro y eficiente para la extradición, se espera que se reduzcan los casos de impunidad y que se logre una mayor colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y otros delitos graves.
Además, la ley podría servir como un incentivo para que los prófugos se entreguen a la justicia, sabiendo que el Estado está tomando medidas activas para recuperar a aquellos que han evadido la ley. Esto podría contribuir a una percepción más positiva del sistema judicial en Ecuador, así como a una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
Sin embargo, también es importante considerar las críticas que podrían surgir en torno a la aplicación de esta ley. Algunos sectores podrían argumentar que la extradición puede ser utilizada de manera política o que podría haber abusos en su aplicación. Por lo tanto, será fundamental que se establezcan mecanismos de supervisión y control para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa.
En resumen, el nuevo proyecto de Ley de Extradición en Ecuador representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial y la mejora de la cooperación internacional en materia de justicia. Con la aprobación de esta ley, Ecuador busca fortalecer su capacidad para enfrentar el crimen y garantizar que aquellos que han cometido delitos enfrenten las consecuencias de sus acciones, sin importar dónde se encuentren.
