Las organizaciones sindicales y sociales de Ecuador han tomado las calles para expresar su rechazo a la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa. Este 12 de noviembre de 2025, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) lideraron movilizaciones en varias ciudades del país, argumentando que las reformas propuestas amenazan los derechos laborales y sociales de los ecuatorianos.
La convocatoria fue organizada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), bajo el lema «Unidos y en la calle, defendamos nuestros derechos. Por el No, por el futuro del pueblo ecuatoriano». En la capital, Quito, la concentración principal tuvo lugar frente a la Caja del Seguro, donde cientos de manifestantes se reunieron con pancartas y consignas, justo un día antes de que finalizara la campaña electoral.
Las movilizaciones no solo se limitaron a Quito, sino que también se llevaron a cabo en otras ciudades como Cuenca, Guayaquil y Loja. En estas localidades, los sindicatos realizaron plantones y marchas, mostrando su descontento con las propuestas de la consulta popular. La UNE organizó acciones simultáneas en al menos 13 provincias, incluyendo Azuay, Carchi, Guayas, Loja, Sucumbíos y Tungurahua.
Los líderes sindicales han manifestado que su postura busca proteger las conquistas históricas del pueblo ecuatoriano y evitar que se aprueben reformas que consideran perjudiciales. En un comunicado conjunto, afirmaron: «Nos movilizamos junto a estudiantes, maestros, trabajadores y la comunidad universitaria para decirle No a Noboa en la consulta popular, por la educación, la salud y la seguridad».
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, reiteró el llamado a votar No en las cuatro preguntas de la consulta, especialmente en la que propone convocar a una Asamblea Constituyente. Bedoya criticó al presidente Noboa, afirmando que no ha explicado claramente cuál es el modelo de Estado que busca establecer con una nueva Constitución. «Vemos a un mandatario titubeante, que ni siquiera conoce el sistema de seguridad social», expresó.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, advirtió que la consulta podría abrir la puerta a la privatización de servicios esenciales como la educación y la salud. «Votar sí es entregar un cheque en blanco al poder. Después de la consulta vendrán alzas en los pasajes, el gas y las tarifas eléctricas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional», afirmó Quishpe.
Las movilizaciones también han generado un impacto en la circulación vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito implementó cierres viales en la avenida 10 de Agosto y la calle Guayaquil, en el Centro Histórico, para facilitar el desarrollo de las manifestaciones. Los sindicatos han anunciado que continuarán con sus acciones de protesta, incluyendo una movilización programada para el 13 de noviembre, que se llevará a cabo desde el sur de Quito hacia el centro y norte de la ciudad, en colaboración con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Las críticas hacia el gobierno de Noboa no se limitan a la consulta popular. Los líderes sindicales han denunciado una supuesta persecución judicial y política contra dirigentes de sus organizaciones. Bedoya, en su discurso, enfatizó que la consulta es un distractor frente a intereses económicos ya definidos, sugiriendo que el gobierno busca desviar la atención de otros problemas más urgentes que enfrenta el país.
La consulta popular, que se llevará a cabo el 13 de noviembre, incluye preguntas sobre la reforma del sistema de seguridad social, la educación y la creación de una nueva Constitución. Los resultados de esta consulta podrían tener un impacto significativo en el futuro político y social de Ecuador, y las movilizaciones de los sindicatos reflejan la creciente tensión entre el gobierno y los sectores sociales que se sienten amenazados por las reformas propuestas.
A medida que se acerca la fecha de la consulta, la polarización en el país se intensifica. Los sindicatos, junto con otros grupos sociales, han dejado claro que están dispuestos a luchar por lo que consideran sus derechos fundamentales. La respuesta del gobierno y la reacción de la ciudadanía ante estas movilizaciones serán cruciales para determinar el rumbo de Ecuador en los próximos meses.
