La situación en Ecuador ha captado la atención internacional, especialmente tras las recientes protestas que comenzaron el 22 de septiembre y culminaron el 22 de octubre de 2025. Un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas ha expresado su alarma ante lo que consideran una represión desmedida por parte del gobierno ecuatoriano. Este fenómeno ha sido caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos y municiones letales, lo que ha resultado en un saldo trágico de al menos tres muertes, 282 heridos, 172 detenidos y 15 desapariciones forzadas. La ONU ha denunciado no solo la violencia física, sino también la congelación de cuentas bancarias sin orden judicial y la vinculación de las protestas con el crimen organizado, lo que ha llevado a detenciones por presuntos delitos de terrorismo.
### Contexto de las Protestas
Las manifestaciones en Ecuador fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, un tema que ha generado un descontento significativo entre las comunidades indígenas y otros sectores de la población. Además, las protestas también han abordado el aumento del IVA, la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento de las comunidades indígenas y la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Estos factores han contribuido a un clima de tensión y desconfianza hacia el gobierno de Daniel Noboa, quien ha sido criticado por su manejo de la situación.
Los expertos de la ONU han señalado que el patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas. La represión de las libertades fundamentales, como el derecho a la asociación, reunión y expresión, ha sido un punto focal de su preocupación. En su comunicado, los expertos enfatizaron que la respuesta militar a las protestas sociales, junto con la declaración recurrente de estados de excepción desde enero de 2024, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica.
### Reacciones del Gobierno y la Sociedad Civil
El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha defendido sus acciones, argumentando que la intervención de las fuerzas armadas y la policía era necesaria para restablecer el orden y la seguridad en el país. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha agradecido a las fuerzas de seguridad por su papel en la defensa del país y la soberanía durante el paro. Sin embargo, esta postura ha sido recibida con escepticismo por parte de muchos sectores de la población, que ven en la respuesta del gobierno una falta de respeto hacia los derechos humanos y una violación de las libertades civiles.
La Corte Constitucional de Ecuador también ha sido objeto de críticas, siendo declarada «enemiga del pueblo» por algunos sectores del gobierno. Este órgano judicial ha declarado inconstitucionales varios de los estados de excepción impuestos por el Ejecutivo, lo que ha llevado a un aumento de la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo. La situación se complica aún más con el acoso y la persecución que han sufrido algunos de sus miembros, lo que ha generado un clima de miedo y desconfianza en el sistema judicial.
La comunidad internacional, a través de la ONU, ha instado al gobierno ecuatoriano a respetar los derechos humanos y a garantizar un espacio cívico seguro para todos los ciudadanos. La preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales y los derechos de los pueblos indígenas es un llamado a la acción que no puede ser ignorado. La ONU ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga atenta a la situación en Ecuador y para que se tomen medidas adecuadas para proteger a aquellos que defienden sus derechos.
En medio de esta crisis, la sociedad civil ecuatoriana ha comenzado a organizarse para exigir cambios y reivindicaciones. Las protestas han servido como un catalizador para que diferentes grupos se unan en torno a causas comunes, lo que podría llevar a un cambio significativo en la política y la gobernanza del país. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación y la paz social parece ser largo y complicado, especialmente si el gobierno continúa con su enfoque represivo.
La situación en Ecuador es un recordatorio de la importancia de la defensa de los derechos humanos y la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno y la sociedad civil. La comunidad internacional debe seguir de cerca los acontecimientos y apoyar a aquellos que luchan por la justicia y la equidad en el país.
