La designación de un nuevo Fiscal General en Ecuador se ha convertido en un proceso prolongado y lleno de incertidumbres. Desde la renuncia de Diana Salazar, quien ocupó el cargo hasta mayo de 2025, el país ha estado en un limbo jurídico que podría extenderse aún más debido a factores políticos y electorales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el organismo encargado de llevar a cabo este proceso, pero la situación actual sugiere que la espera podría prolongarse hasta abril de 2026, un año después de lo previsto inicialmente.
### Proceso de Designación y Obstáculos
El proceso de selección del nuevo Fiscal General comenzó formalmente en septiembre de 2024, cuando el CPCCS aprobó un reglamento para el concurso. Sin embargo, este reglamento enfrentó críticas de diversos sectores, incluidos gremios de abogados y organizaciones de la sociedad civil. La situación se complicó aún más cuando, en enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a varios vocales del CPCCS, lo que llevó a una reingeniería del reglamento. Finalmente, en junio de 2025, se aprobó una versión revisada, permitiendo que el concurso avanzara, aunque aún en sus etapas preliminares.
A partir de agosto de 2025, el CPCCS inició el proceso de selección de cinco comisionados ciudadanos, con 42 postulantes compitiendo por estos puestos. Este proceso debería culminar a finales de octubre, y una vez conformada la comisión, se estima que el concurso tomará aproximadamente seis meses. Sin embargo, la situación es incierta, ya que la impugnación ciudadana abierta el 7 de octubre podría retrasar aún más el proceso.
### Factores Políticos que Afectan la Designación
Además de los retrasos administrativos, hay dos factores políticos que podrían complicar aún más la designación del nuevo Fiscal General. El primero es un referendo programado para el 16 de noviembre de 2025, donde los ecuatorianos votarán sobre varias preguntas, incluida una que podría eliminar la facultad del CPCCS para designar autoridades, incluyendo al Fiscal General. Si esta pregunta se aprueba, todos los concursos en curso, incluido el del Fiscal, se cancelarían y la responsabilidad recaería en la Asamblea Nacional.
El segundo factor es la posibilidad de que el mismo día se vote sobre la creación de una Asamblea Constituyente, que podría redactar una nueva Constitución y eliminar al CPCCS del ordenamiento jurídico. Si esta propuesta también obtiene el apoyo popular, el proceso de selección del Fiscal General se vería interrumpido, y el país podría entrar en un largo proceso constituyente que podría extenderse hasta mediados de 2027.
La incertidumbre en torno a la designación del Fiscal General no solo afecta a esta institución, sino que también impacta otros procesos de designación de autoridades que el CPCCS tiene en marcha. Actualmente, hay cuatro procesos de selección en curso, y la mayoría se encuentran en etapas iniciales, lo que genera dudas sobre su viabilidad antes de una posible reestructuración del organismo.
### Implicaciones para la Justicia en Ecuador
La falta de un Fiscal General titular tiene implicaciones significativas para el sistema de justicia en Ecuador. La Fiscalía General del Estado es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y la inestabilidad en su liderazgo puede afectar la confianza pública en las instituciones. La demora en la designación de un nuevo Fiscal General puede ser vista como un síntoma de la crisis política más amplia que enfrenta el país, donde la fragmentación política y la falta de consenso dificultan la gobernabilidad.
La situación actual también plantea preguntas sobre la capacidad del CPCCS para llevar a cabo su mandato de manera efectiva. Con la posibilidad de que su función sea eliminada o modificada, el futuro de la institución y su papel en la designación de autoridades se encuentra en la cuerda floja. Esto podría llevar a una mayor desconfianza en el sistema político y judicial, exacerbando la crisis de legitimidad que ya enfrenta el país.
En resumen, la espera por un nuevo Fiscal General en Ecuador es un reflejo de las tensiones políticas y administrativas que caracterizan el panorama actual. Con un referendo y la posibilidad de una Asamblea Constituyente en el horizonte, el futuro de la Fiscalía General y del CPCCS se presenta incierto, lo que podría tener repercusiones duraderas en el sistema de justicia ecuatoriano.
