En el contexto actual de Ecuador, la fiscalización del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha generado un intenso debate político. La Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), ha decidido que la Comisión de Seguridad, controlada por el movimiento político ADN, será la única encargada de supervisar este proceso. Esta decisión ha dejado fuera a la Comisión de Garantías Constitucionales, liderada por el correísmo, lo que ha intensificado la pugna entre los diferentes sectores políticos del país.
La situación se ha vuelto más compleja desde que comenzó el paro en septiembre de 2025, cuando Marlon Vargas, presidente de la Conaie, solicitó un juicio político contra los ministros del Interior y Defensa. La respuesta del CAL fue clara: la fiscalización de los hechos relacionados con el paro es competencia exclusiva de la Comisión de Seguridad. Esta decisión fue ratificada con cinco votos a favor, lo que subraya la influencia que el movimiento ADN tiene en la Asamblea Nacional.
### La Reacción de la Oposición
La oposición, representada por la Revolución Ciudadana y otros grupos, ha expresado su descontento con esta decisión. Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, ha criticado la exclusión de su comisión del proceso de fiscalización. Durante la sesión del CAL, Estrada propuso que su comisión también debería tener voz en este asunto, pero su moción fue desestimada. Esto ha llevado a acusaciones de que el oficialismo está tratando de monopolizar el control político sobre el paro y sus consecuencias.
La asambleísta Mónica Salazar, quien anteriormente formaba parte de la Revolución Ciudadana, también se mostró preocupada por la falta de transparencia en el proceso de fiscalización. Salazar argumentó que la Comisión de Seguridad Integral debería ser supervisada por otras comisiones para garantizar un control más amplio y evitar abusos de poder. Sin embargo, su propuesta fue rechazada, lo que ha generado un clima de tensión en la Asamblea.
Además, la decisión del CAL implica que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que también está bajo el liderazgo de la Revolución Ciudadana, no podrá intervenir en el proceso de fiscalización relacionado con el paro. Esta exclusión ha sido vista como un intento de silenciar las voces críticas dentro de la Asamblea y limitar el control sobre las acciones del gobierno.
### Implicaciones de la Fiscalización
La fiscalización del paro de la Conaie no solo es un tema de control político, sino que también tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Las movilizaciones han sido impulsadas por demandas de justicia social, derechos territoriales y mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas. La respuesta del gobierno ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a la participación de las fuerzas armadas en las protestas.
Expertos de la ONU han expresado su preocupación por la creciente militarización de las protestas en Ecuador. La participación militar en la represión de las manifestaciones ha sido denunciada como una violación de los derechos humanos, lo que añade un nivel de complejidad a la situación. La falta de un mecanismo de fiscalización independiente podría resultar en una falta de rendición de cuentas por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad, lo que podría exacerbar la tensión social.
La decisión del CAL también ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de la Asamblea para actuar como un contrapeso al poder ejecutivo. La exclusión de la Comisión de Garantías Constitucionales del proceso de fiscalización plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones y su capacidad para garantizar la justicia y la equidad en el país.
En este contexto, la situación en Ecuador sigue siendo volátil. Las tensiones políticas, la lucha por el control de la fiscalización del paro de la Conaie y las preocupaciones sobre los derechos humanos están interconectadas y requieren una atención urgente. La capacidad del gobierno para manejar esta crisis y la respuesta de la oposición serán cruciales para determinar el futuro político del país y la estabilidad social en los próximos meses.
