La reciente decisión de la Corte Constitucional de Ecuador sobre el estado de excepción ha generado un amplio debate en el país. Este pronunciamiento, realizado el 3 de octubre de 2025, se centra en la validez de los decretos ejecutivos emitidos por el presidente Daniel Noboa en medio de un contexto de protestas sociales. La Corte ha determinado que el estado de excepción solo es justificable en las provincias de Carchi e Imbabura, mientras que ha declarado inconstitucional su aplicación en otras regiones del país.
### Contexto de la Declaratoria de Estado de Excepción
La situación en Ecuador ha estado marcada por un creciente descontento social, especialmente en relación con la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha llevado a la movilización de diversos sectores, incluyendo el movimiento indígena. En respuesta a las protestas, el presidente Noboa emitió varios decretos ejecutivos que establecían un estado de excepción en varias provincias, con el objetivo de restaurar el orden público y garantizar la seguridad.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha evaluado estos decretos y ha llegado a la conclusión de que solo en Carchi e Imbabura se han presentado hechos que justifican la declaración de estado de excepción. En su dictamen, el tribunal argumentó que en estas provincias se han verificado situaciones de grave conmoción interna, lo que permite la aplicación de medidas excepcionales. Por otro lado, en provincias como Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, la Corte encontró que no existían las condiciones necesarias para justificar la medida, lo que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos en estas regiones.
### Implicaciones de la Decisión Judicial
La decisión de la Corte Constitucional no solo afecta la legalidad del estado de excepción, sino que también tiene profundas implicaciones para el ejercicio de derechos fundamentales en el país. En su pronunciamiento, la Corte validó la limitación del derecho a la libertad de reunión y el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Carchi e Imbabura, siempre que se respete el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, también declaró inconstitucional la restricción de la libertad de tránsito, que se había establecido a través de un toque de queda en varias provincias.
Este toque de queda, que restringía la circulación de personas entre las 22:00 y las 05:00, fue considerado por la Corte como una medida desproporcionada y no justificada, lo que refleja un compromiso con la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis social. La Corte enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la protesta y la resistencia pacífica, elementos fundamentales en una democracia.
La decisión de la Corte llega en un momento crítico, ya que el movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha anunciado su intención de continuar con el paro nacional. Este paro, que tiene su epicentro en Imbabura, ha sido respaldado por sectores de la población en otras provincias de la Sierra, lo que indica que el descontento social persiste y podría intensificarse en los próximos días.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La reacción a la decisión de la Corte Constitucional ha sido variada. Por un lado, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han celebrado el fallo como un triunfo de la justicia y la defensa de los derechos fundamentales. Por otro lado, el gobierno de Noboa enfrenta un desafío significativo, ya que debe encontrar un equilibrio entre mantener el orden público y respetar los derechos de los ciudadanos a manifestarse.
El futuro inmediato en Ecuador dependerá en gran medida de cómo se desarrollen las protestas y de la respuesta del gobierno. La Corte ha dejado claro que cualquier medida que limite derechos debe ser justificada y proporcional, lo que podría influir en la forma en que el gobierno maneja la situación en las próximas semanas.
En este contexto, es crucial que se mantenga un diálogo abierto entre el gobierno y los sectores sociales, para abordar las causas subyacentes del descontento y buscar soluciones que beneficien a todos los ecuatorianos. La situación en Ecuador es un recordatorio de la importancia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis.
