La Corte Constitucional de Ecuador se encuentra en el centro de una intensa controversia política tras la reciente convocatoria a una marcha por parte del presidente Daniel Noboa. Este evento, programado para el 12 de agosto, ha sido impulsado por la creciente tensión entre el Ejecutivo y el organismo judicial, especialmente después de que la Corte admitiera a trámite varias demandas de inconstitucionalidad que afectan a leyes clave del gobierno. La situación ha llevado a que el oficialismo declare a los magistrados como «enemigos del pueblo», lo que ha generado un clima de polarización en el país.
### La Relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional
Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en 2023, la Corte ha emitido un número significativo de dictámenes favorables al gobierno, alcanzando un 66% de decisiones que apoyan las medidas propuestas por el Ejecutivo. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte de aceptar cinco de las 34 demandas de inconstitucionalidad ha encendido las alarmas en el oficialismo. Estas demandas están relacionadas con las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, y han llevado a la suspensión temporal de 17 artículos de estas normativas.
El presidente Noboa ha respondido a esta situación anunciando un nuevo referendo constitucional, que incluirá la posibilidad de destituir a los magistrados a través de juicios políticos en la Asamblea Nacional. Esta medida ha sido interpretada como un intento de debilitar la independencia judicial y de controlar el poder de la Corte, lo que ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
A pesar de la retórica oficialista, es importante destacar que la Corte ha mantenido una postura equilibrada en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, en el contexto de la crisis de inseguridad que afecta al país, los magistrados han autorizado la mayoría de los estados de excepción solicitados por el gobierno, pero también han llamado la atención sobre la falta de sustento en algunas de estas solicitudes. Esto sugiere que, aunque la Corte ha sido favorable en muchos casos, también está dispuesta a cuestionar las acciones del Ejecutivo cuando lo considera necesario.
### La Crisis de Inseguridad y su Impacto en la Justicia
La crisis de inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo en las tasas de criminalidad y violencia. En este contexto, la Corte Constitucional ha tenido que lidiar con un número creciente de solicitudes relacionadas con la seguridad pública. A pesar de la presión del gobierno para declarar estados de excepción, la Corte ha sido cautelosa y ha exigido justificaciones sólidas para tales medidas.
Uno de los puntos más críticos ha sido la insistencia del gobierno en declarar estados de excepción por conflictos armados internos, lo que ha llevado a la Corte a establecer una comisión para supervisar la crisis de seguridad. Esta decisión refleja un intento de la Corte por mantener un equilibrio entre la necesidad de seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, la Corte ha rechazado propuestas del gobierno que buscaban reformas a la Constitución relacionadas con la prisión preventiva y el tratamiento de personas privadas de libertad. Estas decisiones han sido vistas como un intento de la Corte de proteger los derechos humanos en un contexto donde la seguridad parece estar priorizando la represión sobre la justicia.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial en Ecuador. La retórica del gobierno y la movilización de sus bases en contra de la Corte Constitucional podrían tener repercusiones significativas en la independencia judicial y en la capacidad de la Corte para actuar como un contrapeso al poder del Ejecutivo.
En resumen, la Corte Constitucional de Ecuador se enfrenta a un momento crítico en su historia. Las decisiones que tome en los próximos meses no solo influirán en el panorama político del país, sino que también determinarán el futuro de la justicia y los derechos humanos en Ecuador. La tensión entre el gobierno y la Corte es un reflejo de una lucha más amplia por el poder y la legitimidad en un contexto de crisis, y será fundamental observar cómo se desarrollan estos acontecimientos en el futuro.
