En el corazón de la política ecuatoriana, un entramado de relaciones y decisiones ha comenzado a generar preocupación sobre la transparencia y la ética en el proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Mario Godoy, actual presidente, busca su reelección, pero su camino está plagado de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la influencia de personajes cercanos al poder.
**El Proceso de Selección y sus Implicaciones**
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició el proceso para elegir a cinco nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Este proceso es crucial, ya que de la terna de candidatos presentada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) debe salir el nuevo presidente del CJ. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa no presentó su lista de postulantes, lo que generó incertidumbre y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión.
La situación se complicó aún más cuando Christian Troya, un excolaborador de Godoy, fue nombrado como asesor en el CPCCS. Este movimiento fue percibido como un intento de influir en el proceso de selección, dado que Troya ahora tendría que evaluar la candidatura de Godoy. La falta de claridad sobre la relación laboral entre ambos ha llevado a cuestionar la imparcialidad del proceso.
El 5 de junio de 2025, la Asamblea Nacional, bajo la nueva mayoría de ADN, decidió anular la terna anterior y nombrar una nueva, lo que fue impulsado por Henry Bósquez, un asambleísta con conexiones familiares que también involucran a Troya y Godoy. Esta red de relaciones ha suscitado dudas sobre la legitimidad del proceso y la posibilidad de que se prioricen intereses personales sobre el bien público.
**Las Conexiones Personales y su Impacto en la Judicatura**
La relación entre Godoy y Troya no es la única que ha llamado la atención. Fausto Jarrín, un exasambleísta y abogado cercano a Godoy, también juega un papel crucial en este entramado. Jarrín, quien fue abogado personal del expresidente Rafael Correa, ha mantenido vínculos con el actual gobierno y ha asesorado a Noboa en diversas ocasiones. Su presencia en la política ecuatoriana y su amistad con Godoy plantean interrogantes sobre la influencia que puede tener en la selección de los nuevos vocales del CJ.
Además, la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, también está conectada a este círculo. Vintimilla fue candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha, donde su lista incluía a Javier Bósquez, hermano de Henry Bósquez. Esta interconexión de relaciones familiares y políticas ha llevado a muchos a cuestionar la independencia del proceso de selección y si realmente se están eligiendo a los mejores candidatos o si se están favoreciendo a amigos y aliados políticos.
El 24 de junio de 2025, Fernando Illanes, un abogado, presentó un oficio al CPCCS señalando que Edison Toro, uno de los integrantes de la terna, tenía una inhabilidad. Esto llevó a una serie de movimientos dentro del CPCCS que culminaron en la inclusión de Mario Godoy en la terna, lo que generó aún más controversia. La renuncia de Marco Rodríguez, otro postulante, a la terna por falta de transparencia, subraya la creciente preocupación sobre la legitimidad del proceso.
La situación se complica aún más con la falta de respuesta por parte de Godoy y Troya ante las preguntas sobre posibles conflictos de interés. Aunque el CPCCS ha declarado que no hay ilegalidad en la designación de los miembros de la Comisión Técnica, la percepción pública es que la falta de transparencia podría socavar la confianza en el sistema judicial.
En este contexto, el papel del CPCCS es fundamental. La institución, encargada de garantizar la transparencia y la ética en la selección de funcionarios públicos, se enfrenta a un desafío significativo. La presión para actuar de manera justa y transparente es más alta que nunca, y cualquier indicio de favoritismo o corrupción podría tener repercusiones graves para la credibilidad del sistema judicial en Ecuador.
La situación actual en la Judicatura ecuatoriana es un reflejo de las complejidades y desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de un sistema judicial justo y transparente. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se manejan estas relaciones y decisiones, y si se prioriza el interés público sobre las conexiones personales y políticas.
