El escenario político en Ecuador se ha agitado con la convocatoria a juicio político de Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Este proceso se llevará a cabo en la Asamblea Nacional tras el feriado del 10 de agosto. Goyes ha calificado este juicio como «infundado», lo que añade un matiz de tensión a la situación. La acusación principal proviene del oficialismo, que sostiene que la funcionaria ha incumplido sus funciones, lo que ha generado un debate intenso sobre la eficacia y la responsabilidad dentro del sistema judicial del país.
La convocatoria para el juicio político fue realizada por el legislador Fernando Jaramillo, quien representa a la bancada oficialista ADN. Según Jaramillo, Goyes ha obstaculizado el funcionamiento de la Judicatura al no asistir a las sesiones necesarias para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales. Este reglamento es crucial para garantizar la transparencia y la eficacia en la selección de jueces, lo que a su vez impacta directamente en la justicia que reciben los ciudadanos.
Goyes, por su parte, ha defendido su gestión y ha afirmado que ha estado presente en el 98% de las iniciativas adoptadas por la Judicatura. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización el 22 de julio, negó las acusaciones de falta de asistencia y argumentó que su trabajo ha sido fundamental para promover el funcionamiento del sistema judicial. La vocal ha manifestado su disposición a acudir al Pleno de la Legislatura el próximo 12 de agosto para defenderse de las acusaciones en su contra.
### La Dinámica del Juicio Político
El juicio político en Ecuador es un proceso complejo que requiere el apoyo de una mayoría calificada para la censura y destitución de un vocal del Consejo de la Judicatura. En este caso, se necesitan al menos 101 votos a favor, lo que representa un desafío significativo para el oficialismo, que actualmente controla alrededor de 80 curules en la Asamblea. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para reunir los votos necesarios y la posible fragmentación de las alianzas políticas en el Legislativo.
La situación se complica aún más por el contexto político actual, donde las tensiones entre diferentes fuerzas políticas son palpables. La oposición ha criticado el manejo del oficialismo en diversas áreas, y el juicio político a Goyes puede ser visto como una oportunidad para desafiar la autoridad del gobierno. La dinámica de este proceso no solo afectará a Goyes, sino que también podría tener repercusiones en la estabilidad del Consejo de la Judicatura y en la confianza del público en el sistema judicial.
### Implicaciones para el Sistema Judicial
El juicio político a Solanda Goyes no es solo un asunto personal, sino que tiene implicaciones más amplias para el sistema judicial en Ecuador. La Judicatura es una institución clave que garantiza la independencia y la imparcialidad de la justicia. Cualquier inestabilidad en su liderazgo puede afectar la percepción pública sobre la justicia y la legalidad en el país.
Además, la acusación de incumplimiento de funciones plantea preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión dentro de la Judicatura. Si se demuestra que Goyes ha fallado en sus responsabilidades, esto podría abrir la puerta a una revisión más amplia de cómo se gestionan las funciones judiciales y cómo se rinden cuentas los funcionarios en este ámbito.
Por otro lado, si Goyes logra defenderse con éxito y se demuestra que las acusaciones son infundadas, esto podría fortalecer su posición y la de otros vocales del Consejo de la Judicatura. La percepción de que el juicio político es un ataque político más que un proceso legítimo podría generar un respaldo significativo hacia Goyes y, por ende, hacia la independencia del sistema judicial.
En este contexto, el juicio político a Solanda Goyes se convierte en un punto focal de atención no solo para los actores políticos, sino también para la ciudadanía que observa cómo se desarrollan estos acontecimientos. La forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente para futuros juicios políticos y para la relación entre el poder judicial y el poder legislativo en Ecuador. La situación sigue evolucionando y se espera que el próximo 12 de agosto sea un día decisivo en este proceso.
