La política ecuatoriana se encuentra en un momento crucial con la calificación del juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Este proceso, que ha captado la atención de la opinión pública, se ha visto impulsado por la decisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que aprobó continuar con el juicio iniciado por el asambleísta Fernando Jaramillo de Acción Democrática Nacional (ADN). Este evento marca un hito en el nuevo periodo legislativo, ya que Goyes se convierte en la primera funcionaria en enfrentar un juicio político en esta nueva etapa.
La votación a favor de la calificación del juicio fue respaldada por miembros del oficialismo y de Pachakutik, quienes encontraron méritos suficientes para avanzar con el proceso. En contraste, el correísmo, aunque no defendió abiertamente a Goyes, expresó su preocupación por lo que consideran una posible persecución política. Este contexto resalta la polarización existente en la Asamblea y la complejidad de las alianzas políticas en el país.
### Contexto del Juicio Político
El juicio político contra Solanda Goyes se fundamenta en acusaciones de incumplimiento de funciones, específicamente por su supuesta obstrucción en la aprobación del reglamento de selección de jueces constitucionales. Según Jaramillo, Goyes habría protagonizado un “boicot institucional” al no asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura y no justificar sus ausencias. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de garantizar la transparencia y el funcionamiento adecuado de las instituciones.
La votación en la Comisión de Fiscalización fue un reflejo de las tensiones políticas actuales. A favor del juicio votaron el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, la vicepresidenta Nataly Morillo, y varios legisladores de ADN, así como el asambleísta amazónico Luis Nango de Pachakutik. Por otro lado, algunos miembros de la bancada correísta se abstuvieron de votar, argumentando que no defienden a Goyes, pero que consideran que es fundamental investigar a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Este juicio político no solo pone en el centro de la atención a Goyes, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la Judicatura en Ecuador y la independencia de sus miembros. La Revolución Ciudadana, el partido correísta, ha manifestado su preocupación por lo que consideran un ataque a la institucionalidad, sugiriendo que el juicio podría ser una estrategia política para debilitar a sus opositores.
### Implicaciones para la Judicatura y la Política Nacional
La situación de Solanda Goyes es emblemática de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en Ecuador. La Judicatura ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en los últimos años, y este juicio político podría tener repercusiones significativas en su credibilidad y funcionamiento. La acusación de Jaramillo, que sostiene que Goyes incumplió los artículos del reglamento del organismo, resalta la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el ámbito público.
Además, el juicio político podría sentar un precedente en la forma en que se manejan los conflictos dentro de la Asamblea y entre las distintas fuerzas políticas. La polarización actual, donde el oficialismo y sus aliados se alinean en torno a ciertos temas, mientras que el correísmo se opone, podría intensificarse a medida que avancen los procesos legislativos y se presenten nuevas iniciativas.
La atención mediática y pública hacia este juicio político también puede influir en la percepción de la ciudadanía sobre la política ecuatoriana. La falta de consenso y la fragmentación de las fuerzas políticas pueden llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones, lo que a su vez podría afectar la participación ciudadana y la legitimidad del gobierno.
En este contexto, es crucial que los actores políticos actúen con responsabilidad y busquen el diálogo para abordar las diferencias. La política ecuatoriana ha sido históricamente volátil, y la situación actual no es la excepción. La forma en que se resuelva el juicio político contra Solanda Goyes podría ser un indicador de la dirección que tomará el país en los próximos meses y años, tanto en términos de gobernabilidad como de confianza en las instituciones.
La situación de Goyes es solo una parte de un panorama más amplio que incluye la lucha por el poder, la búsqueda de justicia y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en Ecuador. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será fundamental seguir de cerca las reacciones de los diferentes actores políticos y la respuesta de la ciudadanía ante este proceso.
