La situación eléctrica en Ecuador ha sido un tema candente en los últimos años, especialmente con la reciente auditoría de la Contraloría General del Estado que ha revelado serias irregularidades en los contratos adjudicados a las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Estos contratos, que fueron firmados en un contexto de crisis eléctrica, han generado un perjuicio económico significativo para el Estado, estimado en alrededor de USD 140 millones. A continuación, se detallan los hallazgos más relevantes de esta auditoría y las implicaciones que podrían tener para los responsables.
### Hallazgos de la Auditoría a Progen
La Contraloría aprobó un informe de auditoría el 21 de julio de 2025, donde se determinó que los contratos adjudicados a Progen para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral presentan irregularidades graves. Según el informe, los equipos de generación termoeléctrica que Progen supuestamente debía instalar no son nuevos, ni fueron adquiridos directamente del fabricante, como lo estipulaba el contrato. Esta situación ha llevado a la Contraloría a calificar el caso como un perjuicio de USD 100 millones para el Estado, desglosado en USD 70 millones para El Salitral y USD 30 millones para Quevedo.
Mauricio Torres, el contralor general del Estado, ha señalado que este caso es similar al de ATM, donde también se han encontrado irregularidades que podrían derivar en responsabilidades administrativas y penales. Uno de los puntos críticos del informe es que, a pesar de que los equipos están cubiertos para no perder la garantía, no ha sido posible verificar su estado real. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los contratos firmados.
Además, se han identificado adendum en los contratos que modifican los términos de pago, lo que Torres ha calificado como «errores serios en la contratación». La Contraloría ha enfatizado la necesidad de recuperar los recursos que se han invertido en estos contratos, lo que implica que los responsables, tanto de Progen como de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), deberán rendir cuentas.
### Irregularidades en el Contrato de Austral Technical Management
El examen de la Contraloría sobre el contrato adjudicado a ATM para la instalación de la central termoeléctrica Esmeraldas también ha revelado hallazgos preocupantes. Se ha determinado que ATM es una empresa relativamente nueva, registrada en Uruguay con un capital aproximado de USD 260, lo que plantea dudas sobre su capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. A pesar de esto, la empresa fue seleccionada para un contrato de USD 89 millones, lo que ha llevado a sospechas de tráfico de influencias.
Al igual que en el caso de Progen, se ha encontrado que los equipos de ATM no son nuevos, sino que se estima que son de 2016 y han sido utilizados en otro país, posiblemente en África. Hasta junio de 2025, ATM había cobrado USD 71,4 millones de los USD 89 millones pactados, lo que representa un perjuicio de aproximadamente USD 40 millones para el Estado. La suma total de los perjuicios por ambos contratos asciende a USD 140 millones, lo que ha llevado a la Contraloría a remitir los informes a la Fiscalía para que se tomen las acciones legales pertinentes.
### Contexto de la Crisis Eléctrica
Los contratos con Progen y ATM fueron adjudicados en un contexto de crisis eléctrica en Ecuador, donde la demanda de electricidad superaba la oferta disponible. Progen recibió dos contratos por un total de USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios (MW) mediante generadores a diésel, mientras que ATM firmó un contrato por USD 89 millones para levantar la central Esmeraldas III, con una capacidad de 91 MW, también a diésel. La urgencia de estos contratos se debió a la necesidad de cubrir la demanda de electricidad en horas pico y evitar cortes de luz, que han afectado a la población y a la economía del país.
Sin embargo, a pesar de la premura, hasta el momento ninguna de las centrales ha entrado en funcionamiento, lo que ha generado aún más críticas hacia la gestión de Celec y las empresas contratadas. La falta de resultados tangibles en un contexto de crisis plantea serias preguntas sobre la eficacia de los procesos de contratación y la supervisión de los proyectos de infraestructura eléctrica en el país.
La situación actual exige una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación pública y una mayor transparencia en la gestión de recursos estatales. La Contraloría ha dejado claro que se tomarán medidas para garantizar que los responsables rindan cuentas, y que se recuperen los recursos que han sido mal administrados. La crisis eléctrica en Ecuador no solo es un problema de infraestructura, sino también un desafío de gobernanza y responsabilidad pública que debe ser abordado con urgencia.
