La reciente eliminación del subsidio al diésel en Ecuador ha generado un impacto significativo en el transporte urbano de Guayaquil. Este cambio, que elevó el precio del combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, ha llevado a que entre el 25 % y el 30 % de los buses urbanos no salieran a trabajar el 15 de septiembre de 2025. La situación ha sido complicada para los usuarios, quienes enfrentaron largas esperas y demoras en el servicio de transporte público.
La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) confirmó que, tras negociaciones con el Ministerio de Transporte, las unidades comenzaron a incorporarse al servicio a lo largo de la mañana. Sin embargo, la situación no es sencilla, ya que muchos transportistas tienen cuentas bloqueadas debido a deudas financieras, lo que complica la recepción de las compensaciones económicas que el Gobierno ha comenzado a transferir. Estas compensaciones, que oscilan entre USD 400 y USD 700, están destinadas a cubrir el diferencial en el costo del combustible y no son un subsidio personal, como aclaró Ricardo Onofre, presidente encargado de la Fetug.
### La Reacción de los Transportistas y Usuarios
La decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel fue recibida con preocupación por parte de los transportistas, quienes inicialmente habían decidido paralizar sus actividades. Sin embargo, tras una reunión de tres horas con el ministro de Transporte, se acordó que las cooperativas actuarían como intermediarias para asegurar que los pagos lleguen a cada socio, a pesar de las dificultades que enfrentan algunos transportistas con cuentas bloqueadas.
Onofre destacó que, aunque se ha evitado una paralización total del transporte público, el gremio advirtió que si las compensaciones se interrumpen, se verían obligados a detener sus actividades. La situación ha llevado a que los usuarios, especialmente en áreas como la Entrada de la 8, experimenten largas esperas de hasta dos horas para abordar un bus. Las líneas más afectadas han sido la 54 y la 75, así como la ruta 120A, que también ha reportado retrasos significativos.
La falta de unidades ha generado un descontento palpable entre los usuarios, quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias. La situación se ha vuelto crítica, y muchos se preguntan cómo se resolverá el problema a largo plazo, especialmente con el aumento de tarifas que ya se había aprobado, pero que aún no se ha implementado debido a condicionamientos del Municipio de Guayaquil.
### Análisis Tarifario y Futuro del Transporte Público
El impacto tarifario de la eliminación del subsidio al diésel es un tema que preocupa tanto a transportistas como a usuarios. Onofre ha señalado que corresponde a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y al Municipio de Guayaquil realizar un análisis técnico para determinar una tarifa justa y equitativa que contemple la eliminación del subsidio. Este análisis es crucial, ya que el aumento del pasaje urbano de USD 0,35 a USD 0,45 ya fue aprobado, pero su implementación ha sido obstaculizada.
La situación actual del transporte urbano en Guayaquil refleja la complejidad de la relación entre el Gobierno, los transportistas y los usuarios. La eliminación del subsidio al diésel ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema de transporte más sostenible y eficiente, que no dependa de subsidios gubernamentales y que pueda adaptarse a las fluctuaciones del mercado de combustibles.
A medida que el Gobierno comienza a transferir las compensaciones a los transportistas, es fundamental que se establezcan mecanismos claros para garantizar que estos fondos se utilicen adecuadamente. La falta de transparencia en la gestión de estos recursos podría llevar a más problemas en el futuro, tanto para los transportistas como para los usuarios del sistema de transporte público.
La situación actual en Guayaquil es un claro ejemplo de cómo las decisiones gubernamentales pueden tener un impacto inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos. A medida que se avanza en la normalización del servicio de transporte, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre el Gobierno y los transportistas, así como la respuesta de los usuarios ante las nuevas tarifas y la calidad del servicio.
